viernes, 02 de diciembre de 2022
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Nuevos desafíos para las agendas locales de género

Migración, pandemia, cambio climático, entre otros, profundizan la desigualdad de género.

La VI Cumbre Iberoamericana de Agendas Locales de Género y los espacios de participación e intercambio de experiencias generados a lo largo de este proceso, tienen como propósito converger en la redacción y suscripción de una declaración, que como resultado de los amplios debates y reflexiones, recogerá los principales acuerdos y compromisos de los y las municipalistas de Iberoamérica en torno a la igualdad de género. Este manifiesto final, será elevado a la Secretaría General Iberoamericana – SEGIB, orientada a establecer principios y líneas de acción para los Gobiernos Locales de Iberoamérica, Organizaciones Internacionales y Cumbres Iberoamericanas.

En este marco la Unión Iberoamericana de Municipalistas publió el borrador propuesto para este manifiesto que recogerá el sentir municipalista en torno al trabajo y esfuerzo en la región para avanzar a las agendas locales de género, e invita a los gobiernos locales, y distintos organismos y actores de la sociedad a leer el documento y participar con propuestas.

A continuación transcribimos el Anteproyecto de Declaración de Santa Coloma de Gramenet: Nuevos desafíos globales, nuevas respuestas desde las agendas locales de género

Antecedentes

Nuevos y complejos desafíos globales cómo los movimientos migratorios, los efectos de la pandemia de COVID-19, los conflictos armados y el cambio climático vienen desencadenando una crisis multidimensional en nuestra región, con aristas que profundizan los nudos estructurales de la desigualdad de género y limitan la autonomía económica, física y la toma de decisiones de las mujeres.

En este contexto, las mujeres están experimentando de un modo especialmente intenso los efectos de esta crisis a través de un aumento de la carga de trabajo doméstico y de cuidados no remunerados, un agravamiento de la violencia de género y una contundente salida del mercado laboral y de pérdida de ingresos, situación que a la vez está provocando un incremento de la informalidad y la pobreza y que demanda, a la vez, atender a las demandas, intereses estratégicos y necesidades diferenciadas de las mujeres en su diversidad: mujeres rurales, mujeres indígenas y afro, pertenecientes al colectivo LGTBIQ+, mujeres en situación de discapacidad, entre otras.

En la actualidad aumenta, sin duda alguna, el reto de sostener y fortalecer las agendas locales de género frente a una crisis de múltiples dimensiones. Llegamos a esta VI Cumbre Iberoamericana de Agendas Locales de Género en una “coyuntura crítica” en que nuestras municipalidades tienen la urgencia de reflexionar y actuar de forma decisiva para aspirar a sociedades más igualitarias e inclusivas.

Hacer realidad esa meta aspiracional requerirá de un enfoque multinivel y multisectorial, basado en la capacidad de los gobiernos locales de consolidar sus agendas locales de género, fortaleciendo los liderazgos de todas las mujeres y sus autonomías física, política y económica de manera sostenible.

Considerando

Que los Estados tienen obligaciones para el goce y ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres -en igualdad, no discriminación y no violencia- contraídas en los instrumentos internacionales de derechos humanos y especialmente en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW, 1979) de la Organización de las Naciones Unidas y la Convención interamericana para prevenir sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Belem do Pará, 1994) de la Organización de Estados Americanos.

Que la Declaración y Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995) establecen los compromisos y acciones que los Estados, sector privado y sociedad civil organizada y no organizada deben realizar para garantizar los derechos de las mujeres y erradicar la violencia.

Que a partir de la Primera Conferencia Regional sobre la integración de la mujer en el desarrollo económico y social de América Latina (Habana, 1977) de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y conferencias subsiguientes se logró que las demandas sociales en favor de los derechos de las mujeres y la igualdad de género se convirtieran en compromisos gubernamentales.

Que es necesario continuar los esfuerzos para el cumplimiento efectivo de los compromisos asumidos en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (ONU, 2015) y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente el No 5 Igualdad de Género, además de incorporar el enfoque de género de manera transversal en todos los ODS colocando a la igualdad como base fundamental para el desarrollo global.

Que en este sentido la Unión Iberoamericana de Municipalistas (UIM), en sus distintas conferencias, viene aportando de manera comprometida en la promoción de políticas y estrategias que potencien la inclusión social en las ciudades y territorios locales, promoviendo la incorporación de género en la planificación y gestión de los municipios, particularmente orientados a garantizar el derecho de las mujeres a la ciudad; el derecho a la participación y al poder político, el derecho a una vida sin violencias, a circular, trabajar, según lo atestigua la Declaración de Córdoba “Construyendo modelos para la igualdad”.

Que la Declaración de Aguascalientes “Repensando las ciudades desde los derechos de las mujeres” (2013) abordó problemáticas y propuestas para repensar las ciudades con el enfoque de género en la gestión ambiental de los territorios locales y desde los derechos de las mujeres. Que con este objetivo propuso fortalecer los mecanismos municipales de género y la democracia con perspectiva de inclusión y diversidad social, impulsando la integración económica de las mujeres; promoviendo la responsabilidad social de la economía del cuidado; garantizando los derechos sexuales y reproductivos; así como la construcción colectiva e inclusiva de la ciudad.

Que la Declaración de Santiago de Chile “Mujer, Ciudad y Territorio”, (2014) estableció, como puntos prioritarios en la planificación urbana y rural de los municipios y gobiernos locales la perspectiva de género; abordar la seguridad y convivencia urbana con igualdad de género; fortalecer los derechos de uso y accesibilidad urbana y mejorar la movilidad y acceso a servicios urbanos. Invitó a contribuir desde la gobernanza local a la inversión y el desarrollo socio económico rural, entendiendo el vínculo entre aglomerados urbanos y territorios rurales y a dar continuidad a las acciones para afianzar y aumentar la participación ciudadana y el liderazgo político de las mujeres, tanto en los partidos políticos como en la sociedad en su conjunto.

Que la Declaración de Cuenca “Derechos de las mujeres e igualdad de género en la democracia y el desarrollo local: desafíos hacia la agenda 2030” retoma el documento de la Nueva Agenda Urbana (Quito, 2015) y sus lineamientos para que ciudades y asentamientos humanos promuevan el fin de la pobreza y la desigualdad, propiciando la autonomía de las mujeres y niñas, en el reconocimiento de la necesidad de controlar la expansión urbana de las ciudades que crecen en medio de crisis sociales, demográficas, ambientales y energéticas.

Que la Declaración de Colima “Construyendo la Agenda Subnacional Beijing +25: Innovación, Desarrollo e Igualdad” se instó a los distintos actores a trabajar en el fortalecimiento y la operativización de los diferentes acuerdos y consensos alcanzados en las sucesivas Cumbres Iberoamericanas de Agendas Locales de Género, para contribuir a la efectiva implementación de la Plataforma de Acción de Beijing, desde una agenda local de género Iberoamericana, a fin de fortalecer la institucionalidad y la arquitectura de género. Para lo cual se propuso promover la institucionalización de los mecanismos para el adelanto de las mujeres y de la transversalización de la perspectiva de género en los territorios, políticas y acciones de los gobiernos locales.

Que la “Ley Modelo Interamericana de Cuidados” propuesta por la Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de los Estados Americanos (CIM/OEA), insta a los Estados a reconocer que la corresponsabilidad social de los cuidados exige el reparto equitativo del trabajo de cuidados entre las instituciones del Estado, incluidos los gobiernos locales, entre otros actores claves como las organizaciones de la sociedad civil, las empresas y las familias.

Que el llamado a la acción del Encuentro de Mujeres Políticas y Lideresas Locales de América Latina “Liderazgos Locales Transformadores para la Construcción de Democracias Paritarias” refuerza la necesidad de promover la participación e inclusión en todas las instancias de la vida pública y política a nivel local y subnacional de las mujeres que enfrentan diversas formas de discriminación y exclusión, a través de acciones afirmativas, apoyos, programas y políticas dirigidas a las mujeres indígenas, rurales, campesinas, afrodescendientes, en situación de movilidad humana, jóvenes, con discapacidad, LGBTIQ+, entre otras.

LA VI CUMBRE IBEROAMERICANA DE AGENDAS LOCALES DE GÉNERO RESUELVE

ADOPTAR la presente Declaración, a la vista de los estudios y conclusiones presentados y elaborados en esta Cumbre.

INVITAR a las autoridades locales, regionales, nacionales e internacionales de Iberoamérica a adherirse a la presente Declaración y a promover acciones concretas tendentes a hacer efectivos los principios y valores contenidos en la misma.

PRIMERA PARTE: LA MOVILIDAD HUMANA Y LA MIGRACIÓN REQUIEREN UN NUEVO ENFOQUE DESDE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO Y DE DERECHOS.

Primera: La movilidad humana y la migración es un área clave de las agendas locales de género, puesto que tienen un impacto diferenciado sobre mujeres, niñas y niños. Impactos que, se traducen en necesidades y estrategias diferenciadas, así como en una mayor exposición de mujeres, niñas y adolescentes a situaciones de violencia, trata y tráfico de personas, secuestros, abusos sexuales, discriminación, invisibilidad e infantilización, y en última instancia, en barreras a su participación activa. Es urgente la definición y puesta en acción de políticas públicas de protección y atención que logren dar atender a sus necesidades, prioridades y promuevan las voces no están presentes.

Segunda: Junto a la puesta en marcha de pactos globales que aborden las causas profundas de los grandes desplazamientos de personas refugiadas y migrantes que garanticen rutas de tránsito y la creación de espacios seguros y de protección cuando estas llegan al país anfitrión, se requiere que desde los territorios se desarrollen políticas públicas y se articulen mecanismos de coordinación entre todos los actores territoriales, incluyendo a nivel local, estatal, regional e internacional. Todo ello con el fin de establecer una agenda estratégica migratoria con enfoque de género, de derechos y territorial, que promueva la cohesión social y la integración, y que asegure el cumplimiento de los derechos humanos, incluyendo los derechos a la seguridad y a la dignidad, particularmente, de las personas refugiadas y migrantes, al ofrecerles recursos y servicios que les garanticen una vida libre de violencia, así como el acceso a medios de vida.

Tercera: Los efectos del cambio climático y las proyecciones futuras al respecto, presentan un escenario de movilidad en América Latina en el que los procesos de movilidad humana se verán cada vez más influenciados, siendo las mujeres y las niñas una de las poblaciones en mayor riesgo. Por tanto, resulta urgente incorporar el género como un factor fundamental para entender la migración medioambiental y los desplazamientos por catástrofes para, en última instancia, poder diseñar actuaciones tanto territoriales que atiendan las distintas capacidades en el acceso y uso de los recursos, tanto en sus comunidades de origen durante la migración, como en el país de destino y en los posibles procesos de retorno que se deriven.

Cuarta: Las autoridades locales, que gobiernan el territorio, han de liderar el desarrollo de políticas inclusivas, en el marco de las Agendas Locales de Género, que faciliten la integración de las mujeres migrantes y refugiadas en las ciudades, a fin de contribuir a con los procesos de planificación estratégica de los gobiernos centrales y regionales de forma tal que se garantice la protección de los derechos humanos de las mujeres, niñas y niños en situación de movilidad humana y/o migración, proporcionándoles oportunidades duraderas que garanticen su empoderamiento.

SEGUNDA PARTE: HACIA UN SISTEMA INTEGRAL DE CIUDADOS Y CON RESPONSABILIDAD SOCIAL.

Quinta: Fenómenos de las últimas décadas, como la incorporación masiva de las mujeres al mercado de trabajo, la insuficiente corresponsabilidad al interior de las familias, los nuevos modelos de familia, la disminución de la tasa de fecundidad, el aumento de la esperanza de vida y el envejecimiento en los países ricos, junto con los recortes del Estado de bienestar, han llevado a lo que se denomina “crisis de los cuidados” que se ha hecho especialmente visible durante la pandemia. Y es que existe un desequilibrio entre la necesidad de cuidados y su provisión y atención que sigue estando a cargo principalmente de las mujeres sin que se haya reconocido ni valorado, ni producido una redistribución del trabajo doméstico y del cuidado al interior de los hogares, persistiendo la baja participación masculina en estas tareas. Es indispensable hacer una transformación de la actual organización social de los cuidados, para darles valor económico y social, y para transitar hacia una sociedad que cuida, que sitúa los cuidados como bien público fundamental donde todos los actores son corresponsables en la creación y sostenimiento de redes de cuidados suficientes, adecuadas y libremente elegidas.

Sexta: A través de la transformación cultural, avanzaremos también en transformar la segmentación sexual del trabajo, para que las mujeres puedan tener igualdad de oportunidades que los hombres en el mundo laboral y productivo. Una transformación feminista de los trabajos de cuidados pasa por avanzar en cambios normativos que materialice la igualdad formal en una igualdad sustantiva, que permita un cambio social y cultural a partir del reconocimiento y respeto a los derechos humanos de las mujeres. Los cambios normativos deben responder al reconocimiento del derecho al cuidado, la valorización, remuneración y retribución de los cuidados, redistribución a través de la corresponsabilidad social, y la representación de las personas que necesitan cuidados y que realizan el trabajo de cuidados.

Séptima: Los retos actuales requieren introducir cambios en el modelo de desarrollo, colocando en el centro de atención los cuidados y la sostenibilidad de la vida. En este sentido, la conformación de Sistemas Integrales de Cuidado, que comprometan a todo el sector público en su definición y financiación y en el que los gobiernos locales asumirían un rol protagónico en la implementación de los mismos en los territorios, supondría avanzar hacia una propuesta de carácter estructural e integral que garantizaría los derechos de las personas que requieren cuidados a lo largo del ciclo de vida, así como los derechos de las personas que cuidan, a la vez que facilitaría la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres.

TERCERA PARTE: ACCIÓN CLIMÁTICA Y GÉNERO: UNA ECUACIÓN PENDIENTE DE RESOLVER.

Octava: Si bien el cambio climático afecta a todo el planeta y a todos y todas sus habitantes, su impacto se distribuye de modo desigual. Las personas más vulnerables son aquellas más desfavorecidas en múltiples términos: económicos, sociales, culturales, políticos. Las mujeres son mayoría entre estos colectivos y, como tales,

sufren de primera mano y de forma acentuada sus efectos negativos. A la vez, son minoría entre quienes dibujan las estrategias climáticas y energéticas mundiales. Resulta fundamental fortalecer la incorporación de la perspectiva de género en la lucha contra el cambio climático, de modo que hombres y mujeres contribuyan por igual con nuevas propuestas que fomenten la igualdad de género y el desarrollo sostenible.

Novena: Los municipios y, en general, lo gobiernos locales deben incorporar en sus Agendas Locales de Género esta variable y aportar medidas de adaptación al cambio climático y acciones de protección, conservación, diversificación económica y fortalecimiento de la resiliencia y capacidad adaptativa de las comunidades involucradas incorporando la perspectiva de género en las actuaciones, iniciativas y planes para actuar frente al cambio climático, de manera tal que se fomente la participación activa de las mujeres en el diseño e implementación de nuevas políticas ambientales y climáticas que incorporen las diferentes necesidades, prioridades y posibilidades de mujeres y hombres a la hora de mitigar los efectos negativos del cambio climático y adaptarse a él.

Décima: La pérdida de diversidad biológica aumenta la vulnerabilidad de las comunidades campesinas y disminuye su capacidad adaptativa ante los efectos del cambio climático. Es fundamental visibilizar el aporte y contribución de las mujeres rurales en este crucial aspecto, pues ellas quienes con su trabajo cotidiano garantizan la seguridad y soberanía alimentaria desde sus comunidades. Los y las municipalistas reivindicamos condiciones dignas de vida y trabajo para de las mujeres y niñas de zonas rurales y promovemos la efectiva participación ciudadana y política de las mujeres rurales, y el acceso de estas a espacios de toma de decisiones para incidir en las políticas públicas y contribuir a eliminar las numerosas brechas de género vigentes con voz propia.

Suscribimos esta Declaración que se realiza en la Ciudad de Santa Coloma de Gramenet, España, el día 21 de Octubre de 2022, como una declaración conjunta de la Unión Iberoamericana de Municipalistas (UIM), el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet, la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer (ONU Mujeres), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), la Comisión Interamericana de las Mujeres (CIM- OEA), la CAF | banco de desarrollo de América Latina, la Red Iberoamericana de Municipios por la Igualdad de Género (IBERGÉNERO) y lo más decisivo las voces y compromiso de los gobiernos locales y regionales iberoamericanos; de las autoridades locales y regionales electas; de las asociaciones nacionales, regionales e internacionales de gobiernos locales y regionales; de los mecanismos nacionales y locales de la mujer o de la igualdad de género; de las organizaciones sociales y redes de mujeres; de representantes de los partidos y movimientos políticos; de los órganos y organismos electorales; del sector privado, de la academia y de todas las mujeres y hombres que han participado de esta VI CUMBRE IBEROAMERICANA DE AGENDAS LOCALES DE GÉNERO, “NUEVOS DESAFÍOS GLOBALES, NUEVAS RESPUESTAS DESDE LAS AGENDAS LOCALES DE GÉNERO”, quienes adherimos a la presente Declaración.

Santa Coloma de Gramenet, 21 de octubre de 2022

Fuente: Unión Iberoamericana Municipalista - UIM

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