jueves, 02 de abril de 2020
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Chile: Dictamen de la Contraloría General sobre facultades de los municipios ante el Coronavirus

La tensión entre las demandas ciudadanas, las decisiones locales y el poder central.

Ante la situación que se esta viviendo en el mundo, la Contraloría General de la República de Chile ha emitido una resolución ante las diversas denuncias vinculadas con medidas que habrían adoptado diferentes alcaldes a propósito de la situación de emergencia sanitaria que afecta al país por el brote del coronavirus 2019 (COVID-19), algunas de las cuales implicarán el cierre de los correspondientes limites comunales, declaraciones de emergencia comunal, cuarentena en los respectivos territorios, restricción del tránsito, local y el cierre o fijación de horarios de funcionamiento de determinados establecimientos, entre otras. Además, se ha recibido una denuncia cuestionando la participación de alcaldes en programas de televisión, transformándose figuras visibles que difunden información ajena a sus funciones en los municipios.

Frente a esta situación, dicho dictamen destaca el decreto N° 4 del Ministerio de Salud en el que se proclama la alerta sanitaria para enfrentar la amenaza a la salud pública producida por la propagación a nivel mundial del Coronavirus 2019, en cumplimiento del Reglamento Sanitario Internacional, aprobado por la Organización Mundial de la Salud de la que Chile es miembro.

También el artículo 5°, inciso segundo, de la Constitución Política de la República, que establece que los órganos del Estado deben respetar y promover los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, garantizados por la Carta Fundamental y por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Al efecto, resulta necesario apuntar que, con arreglo a los artículos 6° y 7° de la Carta Fundamental, los órganos del Estado deben actuar dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley, sin que puedan atribuirse ni aún a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los de expresamente se les hayan conferido en virtud de la Constitución o las leyes.

A su vez, el artículo 39 de la Constitución Política, establece que “El ejercicio de los derechos y garantías que la Constitución asegura a todas las personas solo puede ser afectado bajo las siguientes situaciones de excepción: guerra externa o interna, conmoción interior, emergencia y calamidad pública, cuando afecten gravemente el normal desenvolvimiento de las instituciones del Estado”.

El dictamen recuerda que el estado de catástrofe solo puede ser declarado por el Presidente establecidos en los incisos primero y tercero del artículo 41 de la Carta Fundamental. Asimismo en el inciso tercero del artículo 43 del mismo texto normativo dispone que por la declaración del estado de catástrofe, el Presidente de la República podría restringir las libertades de locomoción y de reunión y, adoptar todas las medidas extraordinarias de carácter administrativa que sean necesarias para el pronto restablecimiento de la normalidad en la zona afectada.

En esa lÍnea, se advierte que el ejercicio de los derechos y garantías que la Constitución asegura a todas las personas solo puede ser restringido bajo el estado de excepción y, aún en estas circunstancias, con estricto apego a la regulación correspondiente a cada uno de estos. De este modo, compete a las autoridades expresamente habilitadas adoptar las decisiones que puedan implicar tal afectación, la que debe circunscribirse a los límites previstos por el ordenamiento jurídico, como asimismo disponer las medidas que, conforme a la citada Ley Orgánica Constitucional de los Estados de Excepción, se requieran para el restablecimiento de la normalidad en la zona afectada.

Ahora bien, en lo que dice relación con las entidades edilicias, cabe señalar que en conformidad con el articulo 118, inciso primero del mismo texto constitucional, la administración local de cada comuna o agrupación de que determine la ley reside en una municipalidad; agregando su inciso cuarto, que las municipalidades son corporaciones autónomas de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de la comuna.

Según lo previsto en el artículo 4° letras b), h) e i) de la ley N° 18’695, los municipios se encuentran facultadas para desarrollar directamente o en concurrencia con otros órganos de la Administración del Estado, funciones relacionadas, en lo que importa, con la salud publica, con el transporte y tránsito público, y con la prevención de riesgos y la prestación de auxilio en situaciones de emergencia o catástrofes.

No obstante, cabe precisar que el ejercicio de dichas atribuciones en ningún caso puede afectar los derechos que garantiza la Constitución Política a todas las personas, como quiera que estos constituyan un límite al desarrollo de las competencias de las entidades edilicias aplica criterio contenido en los dictámenes N°s. 35.220 de 1999, y 11.421 de 2000.

En este contexto, recordar que aún en las condiciones de calamidad pública, los municipios se encuentran eh el imperativo de dar cumplimiento al mencionado principio de juridicidad, consagrado en los artículos 6° y 7 de la Carta Fundamental y 2° de ley N°1 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, según el cual los órganos de la Administración del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las leyes, sin más atribuciones que las que expresamente les ha conferido el ordenamiento jurídico (aplica dictámenes N°s. 1.-150, de 2013, y 3.000, de.2017).

En estas condiciones, es necesario puntualizar que corresponde al Presidente de la República y a los jefel de la Defensa Nacional, según proceda, adoptar decisiones que signifiquen afectar derechos fundamentales en los términos que establece la normativa indicada sin que competa a las municipalidades decretar medidas como, las aludidas, que importan arrogarse atribuciones de las que carecen y mermar la unidad de acción necesaria para la superar La crisis sanitaria y restablecer la normalidad constitucional.

Pero aclara que lo señalado no impide a los alcaldes el legítimo ejercicio del derecho de efectuar presentaciones ante el Gobierno Central, requiriendo la adopción de medidas restrictivas para proteger la salud de la población, cuestión que ha realizado un importante grupo de autoridades locales.

 

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