viernes, 28 de febrero de 2020
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Gobierno abierto, recomendación del Consejo de la OCDE

Plan de ruta para el primer instrumento jurídico internacional sobre Gobierno Abierto

El Consejo de la OCDE elaboró una serie de recomendaciones para la puesta en marcha de un gobierno abierto, las que reproducimos en este artículo. Para la elaboración de estas recomendaciones la OCDE define tanto a Gobierno Abierto como a Estado Abierto.

Gobierno Abierto: una cultura de gobernanza que promueve los principios de transparencia, integridad, rendición de cuentas y participación de las partes interesadas en apoyo de la democracia y el crecimiento inclusivo.

Estado Abierto: cuando los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, las instituciones públicas independientes y todos los niveles de gobierno - reconociendo sus respectivos roles, prerrogativas e independencia general conforme a sus actuales marcos jurídicos e institucionales - colaboran, explotan sinergias y comparten buenas prácticas y lecciones aprendidas entre ellos y con otras partes interesadas para promover transparencia, integridad, rendición de cuentas y participación de las partes interesadas, en apoyo de la democracia y el crecimiento inclusivo.
 
Elementos clave de las estrategias e iniciativas de Gobierno Abierto
 
1. Aplicar medidas, en todas las ramas y a todos los niveles del gobierno, para desarrollar e implementar estrategias e iniciativas de gobierno abierto en colaboración con las partes interesadas y para fomentar el compromiso de los políticos, miembros del legislativo, altos directivos y funcionarios públicos.
 
2. Garantizar la existencia e implementación del marco jurídico y regulatorio de gobierno abierto necesario, mientras se establecen mecanismos de supervisión adecuados para garantizar su cumplimiento.
 
3. Garantizar la puesta en funcionamiento y la adopción exitosa de las estrategias e iniciativas de gobierno abierto.
 
4. Coordinar, mediante los mecanismos institucionales adecuados, las estrategias e iniciativas de gobierno abierto – horizontal y verticalmente – a través de todos los niveles de gobierno para garantizar que éstos estén alineados con, y contribuyan a, todos los objetivos socio-económicos relevantes.
 
5. Desarrollar e implementar mecanismos de monitoreo, evaluación y aprendizaje para las estrategias e iniciativas de gobierno abierto.
 
6. Comunicar activamente sobre las estrategias e iniciativas de gobierno abierto, así como sobre sus resultados e impactos.
 
7. Proporcionar proactivamente información y datos del sector público que sean claros, completos, oportunos, fiables y relevantes de manera gratuita, disponible en un formato abierto y legible en máquina y no propietario, fácil de encontrar, comprender, utilizar y reutilizar, y difundido a través de un enfoque multicanal, a ser priorizado en consulta con las partes interesadas.
 
8. Otorgar a las partes interesadas oportunidades iguales y justas de ser informados y consultados y participar activamente en todas las fases del ciclo de políticas públicas y del diseño y prestación del servicio público. Esto debería hacerse con tiempo suficiente y a mínimo costo, mientras se evita la duplicación para minimizar la fatiga de la consulta. Además, esfuerzos específicos deberán ser realizados para llegar a los grupos más relevantes, vulnerables, menos representados o marginalizados de la sociedad, evitando la influencia indebida y la captación de las políticas públicas.
 
9. Promover formas innovadoras para incluir activamente y efectivamente a las partes interesadas con el fin de generar ideas, co-crear soluciones y aprovechar las oportunidades ofrecidas por las herramientas del gobierno digital.
 
10. Explorar la posibilidad de pasar del concepto de gobierno abierto al de un estado abierto, reconociendo los roles, prerrogativas y la independencia general de todas las partes implicadas y conforme a sus marcos jurídicos e institucionales actuales.
 
El texto completo de la Recomendación se puede consultar en la siguiente dirección: http://oe.cd/ogrecesp

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