viernes, 02 de diciembre de 2022
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Orlando Daniel Pulvirenti

Abogado y Escribano, UNLP; Esp. en Derecho Administrativo, UBA.

Unificar el scoring para las licencias de conducir

Acuerdo entre las distintas provincias para instrumentarlo en todas las jurisdicciones. Por Orlando Pulvirenti.
Recientemente se ha sancionado el Decreto 242/2022 por el cual se reglamenta el acuerdo entre las distintas provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para instrumentar en todas sus jurisdicciones el denominado sistema de “scoring” o pérdida de puntos por la comisión de infracciones de tránsito que puede eventualmente culminar con la revocación de la licencia para conducir.
 
En un breve repaso, en su momento se sancionó la Ley 24.449 de tránsito para todo el país, en 2007 se suscribió el Convenio Federal sobre acciones en materia de Tránsito y Seguridad Vial; y luego, el Congreso Nacional dictó la Ley N° 26.353, que proponía un sistema unificado de puntaje para licencias de conducir. El Decreto N° 1716/08, reglamentario de la Ley N° 26.363, aprobó el Anexo V el Sistema Nacional de Licencias de Conducir. Algunos estados locales decidieron ponerlo en marcha, pero muchos no. El Decreto 242/2022 cubre una necesidad que es reglamentar la Ley 24.449 fijando frente a cada violación de tránsito además de la multa, cuántos puntos perdería por ello, cómo se rehabilitan y establecer por acuerdo entre Provincias, el intercambio de información entre ellas. Este dato es central, porque eso permitirá que quién viola las normas en distintos lugares se encuentre con cruce de datos que pueda terminar con la suspensión de la licencia. 
 
Hace ya tiempo decía en el artículo “La Ciudad Autónoma de Buenos Aires y un camino a seguir en la seguridad del tránsito”[1], que el inicio de aplicación de este sistema ya utilizado por ese entonces en gran parte de los países europeos, Canadá y Estados de los E.E.U.U., no era sino el comienzo de su extensión al resto del país. Hoy esto empieza a hacerse realidad, no sin ciertas pruebas que deberá superar la implementación.
 
Empecemos por comprender el tema. La posibilidad de conducir es para nuestro sistema legal, un derecho, no un privilegio. Esta postura, no sólo resulta conforme al artículo 16 de la Constitución Nacional que niega cualquier tipo de privilegio legal, sino que además lo somete al igual que a cualquier todo derecho a los límites que con base en fines públicos imponga la autoridad legislativa.
 
 
Así otorgar la licencia de conducir y por ende, su revocación en forma temporaria o permanente, por el hecho de no haberse dado cumplimiento a los requisitos establecidos por la disposición que fija los recaudos para su otorgamiento - entre ellos el conocimiento de las reglas de conducción -, constituyen una actividad administrativa. Por ello, y a pesar de sonar reiterativo, debe tenerse presente que la privación temporaria de la capacidad de conducir por la pérdida de los puntos acumulados, no es una sanción, sino la consecuencia lógica de quién acredita haber perdido la confianza dada por la sociedad en su capacidad de conducir.
 
Ahora bien, esta circunstancia hace que el sistema sea subjetivo; en otras palabras, que sea adecuado determinar quién es el conductor, cuando la naturaleza de la falta o de la contravención hiciera difícil la identificación del autor del hecho. Se argumentó en favor de actuar contra quién apareciera como titular del vehículo, para el caso de falta de individualización positiva y concreta del ejecutor, la existencia de violaciones a la legislación de tránsito, en las que no resulta factible comprobar quién es el conductor. Gran parte de los controles tecnológicos que operan con radares y cámaras fotográficas, particularmente determinando excesos de velocidad o transgresión de luz roja, mientras permiten conocer al auto no lo hacen con su conductor. Ello sin embargo, no empece a que resulten métodos adecuados para supervisar y vigilar la circulación vehicular.
 
Dado que es el Estado quién concede la habilitación para conducir, también puede determinar bajo qué condiciones entiende alguien ha perdido la confianza social y por ende debe ver revocada su autorización para continuar ejerciendo esa actividad. Pero ello implica tener por acreditado al autor del hecho, por cuánto es él, al fallar en el cumplimiento de las reglas impuestas al autorizarle a conducir el que debe perder la autorización conferida.
 
La respuesta y criterio legislativo aplicado en las sucesivas reuniones de las comisiones, se centró en establecer qué conductas se vinculaban específicamente con el actuar del chofer de un vehículo y cuáles ciertamente ponen en riesgo la seguridad de personas y bienes. En tal sentido, siendo un actuar punible y condenable, por ejemplo el estacionar en doble mano, el mismo no aparece contemplada en el catálogo de faltas o contravenciones que importan simultáneamente su registración para la merma de puntaje.
 
Por su parte, a igual de lo que acaece en el derecho comparado, el descuento de unidades se vincula a pautas de gradualismo y razonabilidad en la entidad de la conducta que merece la pérdida de confianza de la sociedad en la capacidad de manejo de la persona. Trasgredir normas que resultan esenciales para evitar graves accidentes, tales como conducir bajo estado de ebriedad o estupefacientes o correr carreras en lugares no habilitados, aparecen como aquellos comportamientos que por su gravedad implican un mayor descuento de puntos. Cruzar semáforos en luz roja o exceder la velocidad máxima permitida en la circulación de las distintas vías, conforme a las definiciones contenidas en el Código de Tránsito, siguen en escala de importancia y así sucesivamente.
 
No es detalle menor, porque involucraba apartarse del medio previsto en el régimen de faltas de la CABA (Ley 451), la inexistencia de una escala de puntos para cada infracción. En otras palabras, se ha sustraído a quienes aplican el sistema, la graduación en el número de puntos que se descontará frente a determinadas infracciones. Esta circunstancia, fue debidamente evaluada como una manera de evitar tanto que a los ciudadanos les resultara dificultoso entender la consecuencia de su conducta disvaliosa, como impedir que quede al arbitrio de la autoridad de aplicación, el Decreto 242/2022 refiere a esta cuestión. Este aspecto demuestra además que el descuento de puntos tiene su propia lógica, prescindente de los aspectos punitivos que contiene el régimen de faltas o el contravencional.
 
 
También debe destacarse que, dado que en la realidad se dan usualmente casos en los cuales se comprueban simultáneamente varias faltas o contravenciones que implicarían en el presente régimen pérdida de puntos, se prevé un tope máximo de diez puntos de descuento y de veinte, para el caso de que la conducta más grave fuera precisamente, una que acarrea tal efecto jurídico.
 
Ahora bien, si algo termina de convencer sobre el carácter no punitivo de la norma, es la existencia de distintas alternativas educativas que se brindan al conductor para que éste mejore su perfomance y por esa vía recupere puntos perdidos o la misma licencia.
 
Se alienta así la concientización sobre la necesidad de respetar las disposiciones existentes. Así se prevé por ejemplo, la posibilidad de que quién pierde por primera vez en forma completa sus puntos, recupere en forma inmediata la autorización de manejar, completando cursos viales o recobre en cualquier caso, hasta cuatro puntos, por el mismo mecanismo. No dista esta solución de la que se observa en el derecho comparado, tal como acaece en varios estados norteamericanos, donde los jueces para el caso de demostrarse que la pérdida del carné de conducir implica un grave daño para la persona —piénsese en el caso de conductores profesionales— suelen suplantar tal medida por capacitación.
 
Concluimos así que conducir es un derecho, pero como tal y en igualdad de condiciones con cualquier otro, queda sujeto a la reglamentación razonable que impone el Estado para ejercer el mismo. A igual que en múltiples actividades, entre ellas comerciales, industriales, el ejercicio de la misma requiere la corroboración previa por parte de la autoridad administrativa del cumplimiento de los recaudos que exige la ley, impuestos en pos de la protección de bienes colectivos. Es dentro de este esquema de autorización y habilitación que debe entenderse el procedimiento de descuento de puntos acordados por la autoridad concedente de la licencia de conducir. Esa anuencia implica que el Estado inicialmente ha corroborado la aptitud previa del titular del carné para poder conducir. Ello presupone que el solicitante acreditó conocimientos teóricos y prácticos para desenvolverse en la vía pública.
 
Cuando la conducta ulterior, en sucesivos actos o en un único de enorme gravedad, demuestra una ignorancia, negligencia o desprecio por las reglas de tránsito impuestas jurídicamente, deviene en una pérdida de las condiciones tenidas en vista por el Estado al conceder tal autorización y consecuentemente en la revocación de la misma.
 
Esa razonable reglamentación se completa con una aplicación lógica que, en pos de la defensa del interés colectivo, legitima que garantizándose en todos los casos el debido proceso adjetivo, se prive del ejercicio del derecho de conducir de quién incumpliendo leyes impuestas para velar por la seguridad de peatones y otros conductores aún en distintas jurisdicciones, pero dentro del mismo territorio nacional, pone en riesgo esos bienes.


[1] PULVIRENTI, Orlando, “La Ciudad Autónoma de Buenos Aires y un camino a seguir en la seguridad del tránsito”, LL, Suplemento Especial, “Sistema de evaluación permanente de conductores”, 2009 (febrero), p. 19. 

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