Empleos verdes, entre la sostenibilidad ambiental y la calidad laboral

 

Con un producto interno bruto (PIB) de 546.000 millones de dólares (2016), la Argentina es una de las economías más grandes de América Latina. Tiene abundantes recursos naturales en materia de energía y agricultura, es líder en la producción de alimentos y tiene oportunidades en algunos subsectores de manufacturas y en los servicios innovadores de alta tecnología.

 

En 2016, el 9% del PIB correspondió a la agricultura, la ganadería, la silvicultura y la pesca, y el 21% a la industria manufacturera (del cual, a su vez, el 25% a los alimentos y las bebidas). La población ascendía a 44 millones de habitantes con una tasa de desempleo del 8,5%1[1] y 10% de subocupación. El empleo informal (porcentaje de asalariados no registrados) alcanzaba el 33,8% (MTEySS, s/f).

 

Durante los últimos 15 años, la Argentina transitó un proceso de crecimiento económico impulsado por los sectores primarios e industrial que permitió incorporar más personas al consumo, principalmente, a partir de empleos formales. El marco institucional —caracterizado por las políticas orientadas a promover la formalización del empleo, el diálogo social y la consolidación del salario mínimo, vital y móvil y de la negociación colectiva— contribuyó a que esta etapa de crecimiento económico estuviera acompañada de un proceso de inclusión social (Bertranou y Casanova, 2013). En efecto, entre 2000 y 2016, el empleo asalariado registrado se incrementó en un 63%, superando el crecimiento del PIB en moneda constante (47%) como resultado, en parte, de la creación de nuevos puestos de trabajo y de la formalización de los empleos no registrados.

 

La intensidad y el tipo de crecimiento, impulsado por la expansión de las actividades agropecuarias y manufactureras, tuvo también consecuencias ambientales adversas. Tal vez el principal problema fue la desforestación que se llevó a cabo en el norte del país debido al avance de la frontera agrícola. En 2014, el 39,6% de las emisiones de gases de efecto invernadero correspondió a la producción de energía, seguida por la agricultura y la ganadería (26,9%) y el cambio de uso de suelo y la silvicultura (25,7%). Aunque en menor medida, la gestión de los residuos (4,4%) y los procesos industriales (3,3%) también generaron GEI (SAyDS, 2015).

 

La pérdida de enormes extensiones de bosques no solo incrementó las emisiones de GEI, sino que también contribuyó al aumento de la frecuencia y la intensidad de las inundaciones que, año tras año, afectan a la población (FAO, 2014; Banco Mundial, 2016). Asimismo, la contaminación del aire, la gestión de los residuos y la contaminación del agua han pasado a ser graves problemas, en particular, en los centros urbanos (Banco Mundial, 2016).

 

Desde 2000 se vienen intensificando los esfuerzos para promover una transición hacia trayectorias de crecimiento con mayor sustentabilidad ambiental, tanto por parte de las políticas públicas como por parte de las iniciativas privadas, muchas veces promovidas por los requerimientos de los mercados de exportación. Entre estos esfuerzos, se puede mencionar la Ley 25.675, denominada Ley General del Ambiente (2002), que establece los presupuestos mínimos para lograr una gestión sostenible y adecuada del medio ambiente y que enmarca diferentes regímenes sectoriales. El resultado de estos esfuerzos se refleja en un menor aumento en las emisiones de GEI (0,4%) respecto del PIB (2,8%), considerando tasas promedio anuales para el período 2000-2014. Este proceso resulta más evidente a partir de 2009, cuando las emisiones se redujeron —en un contexto de estancamiento del PIB— debido, principalmente, a un menor ritmo de desforestación, a la caída de la producción ganadera y a la reducción de las emisiones en el sector de energía.

 

A partir del cambio de gobierno en 2016, los esfuerzos hacia una mayor sostenibilidad ambiental se intensificaron. Se adoptó una política energética más activa, se redujeron los subsidios a los precios de la energía y de los combustibles y se incentivó la inversión en las fuentes de energía renovable (Programa RenovAr). La puesta en marcha de las obras de infraestructura orientadas a prevenir las inundaciones y el desarrollo de los sistemas de monitoreo de catástrofes (Plan Nacional del Agua) reducen la vulnerabilidad de vastos sectores, a la vez que crean empleos verdes. Asimismo, se busca mejorar la eficiencia ambiental del sistema de transporte urbano de pasajeros mediante la ampliación de las redes de metro y la infraestructura urbana.

 

La transición hacia patrones de crecimiento con mayor sostenibilidad social y ambiental crea nuevas actividades y ocupaciones que se suman a las tradicionales. Muchos de estos empleos se consideran empleos verdes, es decir, trabajo decente que se desempeña en actividades ambientalmente sostenibles.

 

 

 

Los empleos verdes se hallan en prácticamente todos los sectores de la economía argentina. Algunos sectores se consideran verdes por definición, como los de saneamiento y protección ambiental, mientras que, en el resto del tejido productivo, los empleos verdes se encuentran en actividades donde se ejercen prácticas ambientales sostenibles como, por ejemplo, la agricultura orgánica, los procesos industriales energéticamente eficientes y las actividades de investigación enfocadas en los aspectos ambientales[2].

 

En 2015, se estima que existían entre 486.000 y 650.000 empleos verdes en la Argentina, que representaban el 4% y el 7% de los asalariados registrados, respectivamente. La diferencia entre ambas estimaciones depende de si se considera o no “verde” el empleo que se desempeña en el transporte automotor público de pasajeros.

 

Es oportuno remarcar que esta estimación no incluye los empleos ambientales del sector informal de la economía, los que no se consideran “empleos verdes” porque presentan condiciones laborales inadecuadas. Este tipo de empleo plantea los desafíos de mejorar su productividad y de garantizar el acceso a los derechos laborales.

 

Los asalariados registrados en los sectores y empresas “no verdes” figuran en el cuadro 1. Con las fuentes disponibles, no fue posible cuantificar el empleo verde que se desempeña en el interior de dichas empresas “no verdes”, por lo que hay un sesgo de subestimación.

 

Considerando la estimación amplia (650.000), la mayor parte del empleo verde se concentra en la industria manufacturera (38%), el transporte (29%), la rama de la agricultura, la ganadería, la silvicultura y la pesca (9 %) y en el suministro de agua y gestión de los residuos (7%). Las actividades de servicios y comercio vinculadas con la protección ambiental integran un 10%. Bajo una hipótesis más restrictiva (486.000), la importancia relativa de los sectores cambia: cobran aún mayor importancia la industria manufacturera (50%) y la rama de la agricultura, la ganadería, la silvicultura y la pesca (12%) (OIT, 2017).

 

 

Para agilizar el análisis, se agruparon, a continuación, las actividades económicas en cuatro grandes grupos o subsistemas según las problemáticas centrales que estas comparten: i) la explotación de los recursos renovables, ii) la producción de energía y combustibles, iii) la industria manufacturera y iv) los sistemas urbanos. El análisis sectorial que se presenta a continuación está basado en la Estimación del empleo verde en la Argentina (OIT, 2017).

 

 

El primer subsistema que se analizará es la explotación de los recursos renovables, conformado por la agricultura, la ganadería, la pesca y la silvicultura. En 2015, estas actividades representaron el 9% del PIB, el 7% del empleo formal y el 23% de las exportaciones de la Argentina. Si se consideran los encadenamientos de las agroindustrias, la incidencia del sector primario en la economía nacional es aún mayor (Rodríguez, 2005). También contribuyen, en gran medida, a la subsistencia de las poblaciones rurales que cuentan con recursos escasos —este es el caso, en particular, de la pesca, el sector forestal y la agricultura a pequeña escala. Las condiciones laborales para los trabajadores de estos sectores tienden a ser más precarias que para el promedio de la economía: el trabajo es informal y no permanente (transitorio y estacional), y los riesgos del trabajo son mayores que en otras actividades (Ohaco, 2012; CIFRA, 2011).

 

Entre las buenas prácticas ambientales del sector agropecuario, además de la agricultura y la ganadería orgánica, se destacan las prácticas de conservación basadas en la incorporación de tecnología: principalmente, la agricultura de precisión, el control de la erosión a través de los sistemas de siembra directa y el control de la contaminación del suelo, del agua y del impacto sobre la biodiversidad. También cabe mencionar la gestión de los residuos, que se aprovechan cada vez más para la producción de energía (Viglizzo y Frank, 2010; Banco Mundial, 2016).

 

Por su parte, la protección de los bosques y los recursos pesqueros requiere el desarrollo de los regímenes de gobernanza pertinentes y de las instituciones que los apliquen. La Argentina cuenta con un modelo de gestión de los recursos sumamente sofisticado para ambos recursos, que crea una importante cantidad de empleos verdes públicos y privados en materia de monitoreo y control. Además, los productores orientados al mercado externo utilizan sellos específicos que certifican las buenas prácticas ambientales.

 

Para identificar a los productores que ejercen las buenas prácticas ambientales en estos sectores, se emplean tres estrategias. En el sector exportador, las buenas prácticas agrícolas, forestales y pesqueras se identifican por medio de sellos específicos que las certifican —principalmente, GlobalG.A.P (Good Agricultural Practices), RTRS (Roundtable on Responsible Soy), FSC (Forest Stewardship Council) y MSC (Marine Stewardship Council).

 

En general, en el mercado interno de la Argentina aún no se exige este tipo de certificaciones, que suele tener un costo elevado para el productor. Los productores orientados al mercado doméstico que ejercen las buenas prácticas agrícolas se afilian a las asociaciones de productores que son reconocidas por su firme compromiso ambiental, como el Programa Cambio Rural, la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid) y la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (AACREA).

 

La tercera estrategia está ligada a las actividades altamente reguladas, que requieren técnicos y profesionales con empleos verdes.

 

El subsector agroganadero aporta unos 58.000 empleos verdes, que representan el 16% de sus asalariados formales. En los cultivos transitorios (los cereales, las oleaginosas, las hortalizas y los cultivos industriales, como la caña de azúcar y el algodón), el 15% de los empleos es verde, mientras que en los cultivos permanentes (principalmente, las frutas), la incidencia del empleo verde es más elevada (38%). En la ganadería, el 7% del empleo formal es verde.

 

El sector forestal cuenta con 3.300 trabajadores con empleos verdes (el 34% del empleo formal del sector), que se desempeñan en las actividades de producción o como técnicos o profesionales. Se estima que, en el sector de la pesca, el número de empleos verdes asciende a unos 1.500 puestos, que representan el 21% del empleo formal. Los empleos verdes públicos en la pesca, encargados de gestionar el marco regulatorio del sector, son otros 2.400 puestos aproximadamente.

 

 

 

La matriz energética de la Argentina se encuentra actualmente dominada por los combustibles fósiles: el 53% de la energía proviene del gas natural y el 33% del petróleo. La participación del carbón mineral, por su parte, es muy baja, y las energías renovables representan el 10% de la oferta primaria (MEN, 2016). Si bien la producción de energía renovable es aún una actividad incipiente en la Argentina, la elevada participación del gas lleva a que el sector energético resulte relativamente “limpio” en comparación con otras economías de la región. No obstante, el sector energético de la Argentina presenta problemas de seguridad en la disponibilidad del recurso (vinculados a la dependencia del gas y el petróleo), socioeconómicos (algunos sectores de la población no tienen acceso a la energía de red dada la superficie tan extensa del país) y ambientales (el gas natural es el principal generador de gases de efecto invernadero) (SAyDS, 2015).

 

En los últimos años, el desarrollo de las fuentes de energía renovable ha sido un área prioritaria para la política. En el país, se está buscando diversificar la oferta energética y mejorar la eficiencia en el uso de la energía a través de diversas medidas, como las reducciones en el subsidio al consumo, los incentivos a las inversiones en las fuentes renovables (como la ley de corte que promueve el uso de biocombustibles, el programa RenovAr y el programa PROBIOMASA) y los programas que facilitan el acceso al servicio energético en las poblaciones rurales.

 

En 2015, se estimaron unos 10.000 empleos verdes en pequeñas centrales hidráulicas (22%), eólicas y solares, y en los sectores vinculados con la producción de bioenergías, como biodiesel y bioetanol (46%) y otras formas de biomasa (24%).

 

 

La industria manufacturera argentina es un sector diversificado y tiene una participación importante en el PIB (21%)[3]. Incluye a las agroindustrias que abastecen la totalidad de la demanda interna y que son un componente importante en las exportaciones. Además, comprende una variedad de actividades que van desde la producción de textiles, productos de metalmecánica, papel, el sector farmacéutico, productos químicos y petroquímicos, aluminio, acero y automóviles, hasta el desarrollo de aplicaciones biotecnológicas, instrumentos médicos y productos nucleares y espaciales.

 

Una característica del sector manufacturero de la Argentina es su elevada heterogeneidad productiva —cuenta con brechas de intensidad tecnológica, brechas de productividad, agentes de distinto tamaños, entre otros— que genera puestos de trabajo con condiciones laborales desiguales, en aspectos tales como el nivel de remuneraciones, el grado de informalidad y las oportunidades de inserción laboral para las mujeres en el empleo (Infante y Gerstenfeld, 2013). En 2015, la industria manufacturera empleaba unas 2.4 millones de personas, de las cuales el 79% eran asalariadas, de las cuales, a su vez, el 69% estaban registradas.

 

Esa heterogeneidad también se refleja en el desempeño ambiental: los segmentos con baja productividad que no pueden financiar las condiciones laborales adecuadas para sus trabajadores tampoco pueden financiar las prácticas ambientales adecuadas.

 

Para comprender el desempeño ambiental interesan ambas dimensiones: la brecha de productividad y el tipo de sector. La industria manufacturera comprende subsectores cuyos procesos productivos afectan negativamente el medio ambiente, sobre todo, a través de la emisión de GEI y la contaminación del agua, y, al mismo tiempo, grupos de empresas que realizan esfuerzos para avanzar hacia modos de producción más sostenibles (SAyDS, 2015).

 

Entre las buenas prácticas ambientales en la industria, predominan las acciones orientadas al uso de tecnologías más limpias y a la optimización de los costos. Algunas de las prácticas más utilizadas son el uso de combustibles alternativos y de materiales reciclados (papel y cartón, aluminio, hierro y acero, vidrio y plásticos) y el análisis del ciclo de vida de los productos (SAyDS, 2015; Stumpo y Rivas, 2013). La demanda de los mercados de exportación juega un rol significativo, motivando los procesos de incorporación de las tecnologías limpias y de los nuevos criterios de gestión ambiental por parte de los productores locales. Estas exigencias toman la forma de certificaciones de calidad con contenido ambiental, como las certificaciones de los productos orgánicos, las ISO 14000 y los sellos ecológicos.

 

Por otra parte, el desempeño ambiental de la industria no parece haber sido un tema central en la agenda política de las últimas décadas. En efecto, entre las buenas prácticas ambientales del sector, las de tratamiento de los efluentes, las emisiones y los residuos parecen tener un menor grado de aplicación.

 

La Argentina también produce numerosos bienes para uso ambiental, definidos según los criterios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) (Sugathan, 2013). Muchos de estos bienes forman parte de las cadenas de valor de las energías renovables y son objeto de políticas en una estrategia de desarrollo productivo con elementos de “política industrial verde” (INTI, 2013; SAyDS, 2015).

 

Los empleos verdes en la industria manufacturera se estiman en unos 245.000 (19% de los asalariados formales del sector). Esta cifra se compone tanto de los empleos vinculados a la producción de bienes para usos ambientales como de los empleos en las empresas que siguen buenas prácticas ambientales. Un porcentaje significativo se vincula a la producción de alimentos y bebidas en cadenas de valor agroindustriales que tienen certificaciones ambientales durante la etapa primaria (OIT, 2017).

 

 

El cuarto subsistema comprende las actividades urbanas: la gestión de los residuos, el saneamiento de las aguas, el transporte y la construcción. El turismo también se incluye en este grupo porque, si bien el ecoturismo es rural, la mayor proporción de las actividades turísticas en la Argentina —hotelería, restaurantes y otros servicios—se desarrollan en los ámbitos urbanos.

 

El crecimiento económico y el acceso al consumo por parte de grupos sociales cada vez más grandes generan una mayor demanda de los sistemas urbanos. En la Argentina, el 92% de la población es urbana (INDEC, 2010). En consecuencia, la cobertura y la calidad de estos sistemas inciden significativamente en la calidad de vida de los ciudadanos y en la competitividad de la economía.

 

Debido a las grandes distancias y la baja densidad de población del país, el transporte es un servicio central tanto para la competitividad como para la calidad de vida de las personas. Desde la perspectiva ambiental, el sector resulta muy heterogéneo. El transporte automotor (de carga y pasajeros) es una de las actividades que genera más contaminación (GEI, ruidos, congestión, accidentes), al punto de condicionar la sustentabilidad de las ciudades, mientras que el ferrocarril o el transporte acuático constituyen alternativas más sostenibles.

 

Se realizaron dos estimaciones del empleo verde para este sector, las que reflejan el debate sobre el desempeño ambiental del autotransporte público de pasajeros —si bien es una fuente importante de emisiones, supone una reducción significativa en las emisiones de GEI si se lo compara con el autotransporte privado. El primer modo explica el 13% de las emisiones del sector del transporte, mientras que el segundo el 79% (SAyDS, 2015). Así, desde la perspectiva amplia, los empleos verdes en el sector del transporte ascienden a unos 187.000 puestos de trabajo, lo que equivale al 29% de los asalariados registrados de la economía. Los subsectores propuestos son el ferroviario, el marítimo y fluvial, el transporte carretero público de pasajeros y el metro. Desde una perspectiva restringida, se estima que los empleos verdes en el sector representan solamente el 5% de los asalariados registrados.

 

En la Argentina, los sistemas de saneamiento y de gestión de los residuos deben incrementar su cobertura y la calidad de las prestaciones: la cobertura del agua potable alcanza al 83% de la población; el 91% de los hogares —urbanos y rurales— cuenta con un servicio de recolección regular de los residuos —solo el 64,7% de los residuos tiene una disposición adecuada—, y la cobertura cloacal alcanza al 49% de la población (INDEC, 2010). La inadecuada disposición final de los residuos tiene efectos negativos sobre el aire y el agua. El sector emite el 4,4% de los GEI (SAyDS, 2015).

 

Por su parte, la construcción emite grandes cantidades de GEI, debido a que su huella ecológica se extiende por toda la cadena de valor. No se ha diseñado aún en el país una estrategia que promueva de manera masiva la construcción de viviendas sostenibles. Por otra parte, parecen insuficientes las obras de infraestructura destinadas a mitigar los efectos del cambio climático.

 

La calidad del empleo en las actividades que componen los sistemas urbanos, en general, es menor que en la media de la economía. La construcción, la gestión de los residuos, algunos subsectores de transporte y el turismo presentan elevadas tasas de informalidad, condiciones precarias de trabajo y bajos requerimientos de calificación. En estas actividades, es común encontrar situaciones contrastantes: por un lado, un subsector formal con remuneraciones y cobertura de salud superiores al promedio de la economía y, por otro, un subsector informal que se desempeña en situaciones de extrema pobreza.

 

Las actividades de gestión de los residuos y saneamiento crearon unos 48.000 empleos verdes que representaban el 83% del empleo formal del sector. Por otra parte, en la construcción se crearon unos 22.000 empleos verdes (que equivalían aproximadamente al 4% de los asalariados registrados en el sector) en cinco actividades: la construcción de los edificios verdes, las obras de infraestructura hídrica, las obras de infraestructura para la generación de las energías renovables, la instalación de equipos para el uso de la energía solar térmica y las actividades de servicios profesionales.

 

Las actividades de turismo tienen los mismos problemas ambientales que el resto de las actividades del sistema urbano: la gestión de los residuos y del agua y la congestión parecen ser las principales externalidades ambientales negativas asociadas a esta actividad. Las principales actividades verdes del sector son: las buenas prácticas ambientales que ejercen algunos hoteles y agencias de turismo; las actividades que se llevan a cabo en las áreas protegidas, el ecoturismo y el turismo aventura; los servicios de los jardines botánicos; la gestión de los parques nacionales; el mantenimiento de los espacios verdes; y los servicios de las bibliotecas y los museos. Además, deben tenerse en cuenta las actividades culturales y recreativas, como las teatrales, de espectáculo y las que tienen lugar en los parques de diversiones, que se gestionan en condiciones de sostenibilidad. El turismo genera unos 16.000 empleos verdes (que representan solo el 6% de los asalariados formales del sector).

 

Si bien no está asociado exclusivamente a ningún sector económico en particular, existe un conjunto numeroso de servicios empresariales que crean empleos verdes (62.000). Este conjunto está formado, en parte, por los organismos de regulación y fiscalización (28.000 empleos), las actividades vinculadas a los ensayos técnicos y las instituciones que investigan asuntos ambientales (9.000 empleos), el comercio de materiales reciclados (5.000 empleos) y las organizaciones sindicales y empresariales (4.000 empleos) (OIT, 2017).

 

 

Como se ha mencionado y debido a la metodología utilizada para su estimación, el empleo verde en la Argentina es el porcentaje del empleo asalariado formal, es decir, del trabajo decente, que se desempeña en sectores que contribuyen a la sostenibilidad ambiental. Esto significa que alcanza determinados estándares de calidad.

 

No obstante, debido a su especialización sectorial —el empleo verde está sobrerrepresentado en los sectores productores de bienes y en los proveedores de algunos servicios muy específicos, como los de saneamiento y transporte—, el empleo verde presenta características que lo diferencian de los empleos de los demás asalariados registrados. Para analizar estas diferencias, se consideraron algunas variables disponibles en el Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE) en 2015: las remuneraciones, el nivel de calificación requerido para el puesto y los porcentajes de varones y mujeres[4].

 

Con respecto de la primera variable, se observa que los empleos verdes tienen remuneraciones un 20% más altas que el resto de los asalariados registrados. Dada su especialización sectorial, los empleos verdes tienen escasa representación en los sectores con remuneraciones más bajas, como el comercio, la construcción y los servicios, como la enseñanza.

 

La segunda variable tiene que ver con las ocupaciones. Los empleos verdes se desempeñan, en su mayoría, por trabajadores con calificaciones intermedias. Un porcentaje menor requiere trabajadores no calificados o altamente calificados. En efecto, el 58% de los empleos verdes son desempeñados por los operarios, los artesanos y los trabajadores de oficios —casi duplicando el porcentaje de trabajadores con calificaciones intermedias del empleo formal total (30%). Por otra parte, solo el 6% de los empleos verdes requiere calificación técnica o superior; esta categoría constituye aproximadamente el 13% del total del empleo asalariado registrado.

 

Con respecto de la tercera variable, solo el 13% aproximadamente del empleo verde es desempeñado por mujeres (las mujeres representan el 39% del empleo formal total). Debido a la elevada participación de los sectores de manufactura, de transporte y agropecuario, un gran porcentaje de empleos verdes es desempeñado por hombres. No obstante, el empleo verde público tiende a compensar la diferencia, ya que agrega mujeres. Los menores de 25 años desempeñan el 11% del empleo verde (los jóvenes constituyen el 13% del empleo asalariado registrado total) y tienen una participación muy importante en el sector agropecuario, de la construcción y del turismo.

 

Las oportunidades para crear empleos verdes de mejor calidad se encuentran en aquellas actividades que incorporan más conocimientos y complejidad tecnológica. De este modo, los empleos verdes mejor remunerados se vinculan a la producción de las energías renovables, a la industria manufacturera —en particular, a las ramas con mayor intensidad tecnológica— y a los servicios profesionales. Estas actividades también presentan una mayor inserción laboral por parte de las mujeres y un mayor porcentaje de trabajadores con calificación técnica o superior.

 

Cabe destacar que los empleos verdes del sector productor de alimentos y bebidas —el que, aunque altamente competitivo en la Argentina, está incluido en la categoría de baja intensidad tecnológica por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)— también presentan remuneraciones superiores al promedio.

 

Los datos indican que los empleos verdes pueden tener mejores condiciones laborales que el resto de los empleos del sector formal y que esta situación se intensifica cuando las empresas pertenecen a los sectores que utilizan la tecnología de manera intensiva y que incorporan más conocimientos. Los mayores niveles de productividad permiten financiar mejores remuneraciones, más oportunidades de promoción laboral (es mayor el porcentaje de trabajadores altamente calificados) y una mayor inserción laboral para las mujeres.

 

 

La generación de empleos verdes depende, en gran media, de la capacidad para formular políticas públicas coordinadas y eficaces, orientadas a mejorar la sostenibilidad ambiental de algunos sectores y la calidad del empleo en otros. Asimismo, dichas políticas también deben orientarse a anticipar y mitigar los posibles efectos indeseados sobre el empleo.

 

Esto requiere un alto grado de integración, coherencia y coordinación entre las instituciones y las iniciativas desarrolladas (Lerda, Acquatella y Gómez, 2005), atributos que, a menudo, no se encuentran presentes en el contexto argentino (Rezk, 2005). En los últimos 25 años, los asuntos ambientales han cobrado mayor relevancia en la agenda política argentina, gracias a lo cual se han alcanzado avances importantes en su marco regulatorio. No obstante, la transición hacia una economía verde e inclusiva no forma parte aún de la política nacional de empleo, y el marco institucional, a su vez, sigue mostrando deficiencias en materia de coordinación.

 

En este sentido, se presentan a continuación algunos aspectos de la política ambiental en la Argentina, y se hace particular hincapié en aquellas iniciativas que contribuyen a la creación de empleos de calidad y a la transición hacia una economía verde.

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