Servidores públicos municipales, entre capacidades, habilidades y valores

Ana Hernández Apán. Investigadora Agregada del Centro de Desarrollo Local y Comunitario (CEDEL)
Tamara Caridad García. Laza Profesora Auxiliar de la Universidad de Artemisa

 

Las prestaciones reservadas en cada Estado a la administración pública (AP) se identifican como servicio público. Este tiene como finalidad ayudar a las personas que lo necesiten. Es la actividad desarrollada por una institución pública o privada, con el fin de satisfacer una necesidad social determinada, favoreciendo la realización efectiva de la igualdad y del bienestar social (Tamayo y Tabares, 2018). Se concreta a través de la labor de un amplio grupo de personas que resultan ejecutores de las funciones estatales al servicio de la sociedad, por lo que se consideran servidores públicos.

 

Son diversas las maneras en que las legislaciones de los diferentes países denominan a estas personas. Es común aludir a ellas como “empleados”, “ejecutivos”, sobre todo como “funcionarios”. Se les asocia a diversas funciones de tipo administrativo; aunque no faltan las que incorporan, además, a todos aquellos que están en función del servicio a la sociedad e incluyen muchas veces tanto a los designados como a los electos.

 

Igualmente pueden encontrarse en naciones latinoamericanas, por ejemplo, regulaciones específicas orientadas a la identificación y diferenciación de la condición de servidores públicos, en normativas que aluden explícitamente a los cargos y puestos desde los que actúan, referentes a derechos, obligaciones y a normas de conducta1[1]. En función de ello cuentan con ordenamiento especial, con reglas que establecen, controlan y describen la forma de prestación de la actividad de que se trate; y en algunos casos poseen señalamientos en la Constitución. 2[2]Otras naciones, sin una alusión definida a esta categoría, abordan el contenido de este desempeño; uno de estos casos es el de Cuba.

 

La intención de encaminar o resolver necesidades sociales en cumplimiento de funciones públicas engloba la labor de los llamados servidores públicos. Esta resulta una denominación alineada a la idea de personas que brindan un servicio de utilidad social, que realizan acciones que benefician a otros individuos sin que necesariamente reciban ganancias privadas por este trabajo; por ello puede considerarse una categoría genérica.

 

 

Un acercamiento a los servidores públicos de Cuba y sus funciones parte de reconocer que los contenidos que respaldan su ejercicio están expresados en varias legislaciones. Entre ellas pueden identificarse la Ley de Organización y Funcionamiento de la Asamblea Municipal del Poder Popular y de los Consejos Populares, del 16 de enero de 2020; el Código de Trabajo, el Decreto-Ley sobre el sistema de trabajo con los cuadros del Estado y el gobierno, los códigos de ética de diferentes profesiones y organizaciones y hasta la Constitución de la República.

 

Tales reglamentaciones acopian funciones de nuestro Estado socialista y en ellas pueden identificarse a los servidores públicos con los apelativos de “cuadros”, “dirigentes”, “directivos”, “funcionarios”, “empleados”, “dependientes” y “delegados”. En consecuencia, “servidor público” en Cuba resulta una expresión general que engloba funciones de diferentes características, asumidas desde cargos y puestos diversos.

 

 

 

En los municipios de Cuba la estructura de gobierno está formada por la Asamblea Municipal del Poder Popular (AMPP) y el Consejo de la Administración Municipal (CAM) subordinado a ella. En ambas un conjunto de servidores públicos encarna la acción pública del Estado en este nivel; esta tiene que ver fundamentalmente con las funciones relacionadas con la facultad del municipio para dictar sus propias normas y desarrollar sus funciones ejecutivas.

 

La facultad para dictar normas propias es asumida por los delegados de circunscripción que, como miembros de la AMPP y representantes de los electores de su circunscripción ante esta y al amparo de la Constitución de la República y la Ley 132/2019 de Organización de Funcionamiento de la Asamblea Municipal del Poder Popular y de los Consejos Populares, pueden aprobar acuerdos y ordenanzas relacionadas con la vida económica o social del territorio. También asignan funciones de control sobre las entidades de incidencia local y ratifican reglamentaciones territoriales fundamentales en el refuerzo para el cumplimiento de las leyes. Son servidores públicos que llegan a sus funciones por la vía de la elección popular; muchos de los cuales fungen, además, como cuadros y directivos, ya sea como presidentes o vicepresidentes del órgano, de las comisiones de trabajo o de los Consejos Populares.

 

De igual manera estos delegados, en calidad de servidores y con respaldo en la mencionada Ley y en la Constitución, propician la interacción ciudadano-gobierno; realizan despachos regulares con los electores y de mandan la correcta atención a las quejas y peticiones de la población, respecto a situaciones que le afectan. También informan y tramitan los planteamientos con la secretaría del Consejo de la Administración Municipal o directamente con la entidad administrativa que corresponda, la cual está obligada a dar respuestas oportunas y razonadas en el plazo más breve posible. En su actividad los delegados están encargados de promover y apoyar el desarrollo del trabajo comunitario; coordinan encuentros con los directivos de las organizaciones políticas, de masas y sociales de su circunscripción y con otros ciudadanos para tratar asuntos de la comunidad que requieran de la participación popular; así como también movilizan a los electores para la participación en las reuniones donde rinden cuentas de su gestión.

 

Por otro lado, en respaldo a la función ejecutiva estatal en el municipio, se desempeñan otros servidores públicos que se ocupan de dar curso a la actividad propiamente administrativa de los organismos estatales del municipio, desde un servicio de utilidad social. Se trata de trabajadores, cuadros, directivos y funcionarios, designados para ocupar sus cargos y puestos en los diferentes sectores. Se incluyen aquí, igualmente, aquellas personas en prestación de un servicio en concesión controlado por el Estado. Unos se desempeñan en la función pública de los diferentes sistemas de las organizaciones económicas y unidades presupuestadas del Estado y del gobierno: dirigen, orientan, guían, controlan y despliegan las políticas definidas por los órganos superiores y territoriales del Estado a través de cargos de dirección (dirigentes) o de carácter profesional de complejidad y responsabilidad (funcionarios). Otros, por su parte, realizan labores directamente en las entidades de producción y servicios.

 

 

En los municipios cubanos donde se han iniciado procesos de desarrollo en los últimos años se reconocen altos grados de instrucción, experiencia, laboriosidad, calidad humana, consagración, deseos de trabajar y optimismo. También se distinguen otros valores, como sentido del emprendimiento, creatividad, confianza, capacidad organizativa y buenas relaciones interpersonales. Sin embargo, también se identifica como barrera la falta de una adecuada preparación para enfrentar el desarrollo del territorio (Hernández y Sánchez, 2019). Ello involucra directamente la labor de los servidores públicos municipales (delegados de circunscripción, cuadros, funcionarios o prestadores directos de servicios a los ciudadanos del municipio) y devela la necesidad de desarrollar en ellos competencias necesarias para una actuación más eficiente y efectiva en estadirección.

 

En los últimos tiempos el tema de las competencias ha sido recurrente, sobre todo en la gestión de recursos humanos en los ámbitos empresariales y de administración. Sobre el tema existen diversos enfoques y clasificaciones, fundamentalmente desde miradas psicológicas, pedagógicas y laborales. A las competencias se asocian términos como actitudes”, “afectos”, “motivaciones”, “valores”, “conocimientos”, “experiencias”, “aptitudes”, “capacidades”, “habilidades” y “destrezas”.

 

Específicamente en Cuba los estudios sobre competencias han estado relacionados con su desarrollo, formación y evaluación, enfocados en lo organizacional, social y educativo (Raventós, 2018). Desde el grupo Aprendizaje para el Cambio, del Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas (CIPS), las competencias pueden entenderse como:

 

 

En línea con estos autores, se es competente cuando se hace consciente la necesidad de acoplar aprendizajes anteriores a las exigencias de la actividad. Las competencias movilizan, integran y orquestan recursos para saber actuar, saber hacer y saber ser en una situación. Una persona competente identifica recursos personales o colectivos, ya incorporados o en formación, los acopia y los instrumenta como herramientas de acción (Rodríguez- Mena et al., 2017).

 

 

 

Alejado del matiz de competitividad con que se han abordado las competencias laborales, Cejas y Castaño (2003) han identificado un consenso en las particularidades que las relacionan con capacidades, habilidades y valores de una persona, que las aplica habitualmente en su trabajo.

 

Por este camino, y en relación con los servidores públicos municipales, se asume la concepción de capacidades de Rivera (2016), quien las identifica como componente estructural de las competencias y las entiende como particularidades psicológicas de las cuales depende la adquisición de conocimientos, habilidades y hábitos. Sin embargo, las capacidades no se reducen a estos procesos cognitivos, sino que se constituyen en soporte para que sean posible la adquisición y construcción de conocimientos, el despliegue de habilidades y el establecimiento de hábitos.

 

Es decir, las capacidades se instituyen como elementos constitutivos de las competencias, en tanto condiciones, cualidades o aptitudes, especialmente intelectuales que permiten el desarrollo de algo, el cumplimiento de una función o el desempeño de un cargo (RAE, 2020); son recursos personales que trascienden como potencialidades para desempeñar una determinada tarea, como posibilidades positivas para el hacer. Ejemplo de ellas son los conocimientos, la formación académica, las condiciones físicas y mentales y otras. Entre tanto, las capacidades soportan las habilidades, entendidas estas desde el dominio de los ordenamientos prácticos para la realización eficaz de las tareas; son aquellas que favorecen el resultado exitoso de determinados empeños (Adsuara, 2020).

 

Muestra de todo ello resulta, por ejemplo, el buen desempeño de un profesional. No basta con la formación académica; esta aporta la base para lograr tal propósito, también se precisa de las habilidades laborales necesarias y, entre otros aspectos, de decisiones acertadas.

 

Este entramado de capacidades y habilidades, que en la actividad se tornan competencias y conducen al éxito de la actividad, pasa también por convicciones que determinan la conducta de las personas implicadas. Se trata de valores que, como alcances de la significación o importancia de algo (RAE, 2020); constituyen pautas que permiten elegir, tomar decisiones y seleccionar modos de acción.

 

En el ámbito de las competencias de los servidores públicos, la tríada capacidades-habilidades-valores esboza las condiciones personales, formativas y de capacitación necesarias para el cumplimiento de su labor. Se trata de aspectos individuales y de preparación para el desarrollo de su hacer, cualidades y conocimientos para manejar con suficiencia conceptos teóricos y metodológicos básicos en el área de que se trate, de las posibilidades para incorporar nuevos conocimientos que permitan el logro de objetivos y metas. Estas condiciones serán más adecuadas y eficientes mientras más se acerquen a las exigencias del cargo o puesto que se asume.

 

A estas premisas se unen entonces las pericias, las mañas de las que han de valerse los servidores públicos para afrontar las diversas situaciones a las que deben enfrentarse en su faena. La solución de problemas y/o el aprovechamiento de oportunidades deben encontrar las vías más efectivas para ser canalizadas con coherencia, y ello tiene mucho que ver con el saber hacer en el manejo de cuestiones tanto profesionales como sociales. Se destacan, entre otras, las habilidades para organización y planificación, la deducción lógica, el saber escuchar y hacerse entender, la comunicación asertiva, el manejo de problemas y conflictos, y las destrezas para manejar información.

 

En las competencias de los servidores públicos afloran valores desde los cuales se orientan la conducta y el comportamiento. En una sociedad de rasgos socialistas como la nuestra, para el logro de un desempeño efectivo de estos servidores no resultan suficientes las capacidades y habilidades de estas personas; al deberse a la sociedad desde las funciones del Estado, su modo de actuar debe ser expresión fundamental de honradez, responsabilidad, respeto y solidaridad, en vínculo con el resto de los ciudadanos y con la sociedad en general.

 

 

 

Las características personales, la formación de base y las capacitaciones recibidas, entre otros aspectos, sustentan las capacidades que soportan el punto de partida del desempeño de los servidores públicos municipales. Asimismo, habilidades como la asertividad y la empatía deben completar su concreción. Todo ello también se nutre de valores que transversalizan las decisiones.

 

En esta dirección, competencias relacionadas con el liderazgo, la comunicación, el trabajo en equipo, el manejo adecuado de información y la efectividad en la toma de decisiones sobresalen como las más reveladoras para el desempeño efectivo de los servidores públicos municipales cubanos.

 

El liderazgo trasciende como una de las competencias que mayor relación tiene con buena parte de estos servidores. Se relaciona fundamentalmente con el manejo de las relaciones interpersonales, la habilidad para motivar y conducir a las personas hacia las metas comunes, con énfasis en la promoción de compromiso, así como el logro de la movilización de la comunidad o la institución hacia el futuro y la generación de culturas y estrategias innovadoras (Batista, 2017).

 

Al mismo tiempo, la efectividad en el acto de interacción con el resto de las personas constituye una de las competencias relacionadas con la comunicación. Se trata de una actitud de oyente activo que permite escuchar, preguntar y tener claridad frente a los planteamientos de otros expositores, una práctica en la que no solo se transmiten puntos de vista, sino que se interpretan los mensajes y sus intenciones. En ello también es importante la evaluación de la condición de los interlocutores, el análisis y el aprovechamiento del contexto en el que se colocan los enunciados, y el buen empleo de espacios de comunicación y de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), como vías que apoyan el intercambio y la retroalimentación con los interlocutores. Así se logra una comunicación que convence y conmueve para crear y crecer en un interés colectivo (García, 2007).

 

Por otro lado, las competencias que conciernen al trabajo en equipo garantizan a los servidores públicos la obtención de resultados conjuntos, cuyo éxito contribuye al equilibrio adecuado entre las relaciones humanas y la tarea asignada (Batista, 2017). Este tipo de actuación favorece la participación y el trabajo colaborativo, lo cual contribuye a constituir formas de trabajo estimulantes y alentadoras, que reconozcan y potencien las habilidades y contribuciones dentro del equipo, que se construyan sobre las ideas de todos y se creen en una cultura de colaboración (Lavanderos, 2006). Es una concepción que busca compromiso por parte de los equipos de trabajo y de la sociedadtoda. En este sentido los delegados pueden potenciar una activa participación popular, mientras el resto de los servidores pueden armonizar de mejor modo su compromiso sectorial e institucional en función de ello.

 

En la actividad de los servidores públicos municipales, otras competencias involucran la organización y planificación, así como la determinación y empleo adecuado de información. Con las primeras pueden distribuir y establecer con eficacia el orden conveniente en sus labores, priorizando y estructurando asuntos y acciones en función de objetivos y tareas. Con las segundas precisan las diversas formas de captación de información (observación, escucha, entrevistas, consultas a expertos o personalidades y revisión de documentos, fuentes impresas y recursos informáticos) y evalúan su calidad.

 

Las competencias que guardan relación con lo resolutivo y la diligencia en la búsqueda de resultados permiten el abordaje de problemas y desafíos propios de la actividad que realizan, así como el comprometimiento en acciones basadas en suposiciones lógicas y objetivas que consideren el contexto y los recursos disponibles (Lavanderos, 2006).

 

Por este motivo, en función de la implicación en las tareas del desarrollo municipal, la mirada debe enfocarse hacia las competencias de los servidores públicos municipales. En consecuencia, las capacidades deben ser fortalecidas y direccionadas en atención a tal propósito, además de consolidar las habilidades que permitan mayor pericia en esta intención. Al mismo tiempo, deben estimularse valores positivos como aquellos que enaltecen la honradez, la responsabilidad, el respeto por los demás y por el ambiente, la delicadeza de no exigir lo que se es incapaz de cumplir, el afán de superación y la perseverancia.

 

Dado el grado de relación estrecha con la ciudadanía y con el logro de las metas para el desarrollo, el logro de competencias en la labor de los servidores públicos municipales resulta indispensable en función de cerrar las brechas existentes para alcanzar la debida preparación para el desarrollo del territorio. Que sean competentes tributa no solo al bienestar de la sociedad local, sino también a la trasmisión de los significados que recepcionan los ciudadanos acerca de la labor del Estado (Hernández y Sánchez, 2019).

 

 

 

Las competencias constituyen expresión de la efectividad del desempeño. En ellas las capacidades, las habilidades y los valores desempeñan roles de complementariedad certera y estable en el cometido de una función o tarea.

 

En el caso de los servidores públicos, en especial los municipales, las competencias que precisan se encuentran muy directamente relacionadas con los ciudadanos. En unos casos responderán a las exigencias que impone su quehacer como delegados de circunscripción; en otros casos, a los puestos y cargos de la Asamblea Municipal y a su labor como ejecutivos de la administración en el territorio. En función de esto, sería de gran utilidad contar con alguna normativa que describa cómo debe ser el desempeño de cada uno de estos servidores en términos de competencias; ello contribuiría a la concientización de su condición ante la ciudadanía, así como a la exigencia del cumplimiento de los requerimientos que se le indiquen.

 

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