Acceso a la información y la transparencia en la gestión pública

El presente documento “Caja de herramientas para la promoción del derecho de acceso a la información pública y la transparencia en la gestión”, es el resultado de un esfuerzo de cocreación entre diferentes instituciones y actores sociales del Ecuador. Fue elaborado con la finalidad fundamental de servir como un dispositivo práctico para garantizar el ejercicio del derecho de las personas de acceder a la información y fortalecer la transparencia en la gestión pública, articulando el principio constitucional de coordinación de la administración pública con el ejercicio de derechos de la población, tal como lo señala en la Constitución de la República.

 

Esta caja de herramientas es el resultado de un proceso que incluye una detallada revisión del marco normativo sobre este tema, en el ámbito nacional e internacional; así como el abordaje, con una metodología participativa con los actores clave, de los principales problemas y dificultades que existen en el ámbito de las instituciones del Estado, de las organizaciones sociales y de las personas en torno a la transparencia y el acceso a la información pública, como sustento de los derechos de participación para asegurar el ejercicio de los demás derechos, con el objetivo de brindar una solución a esta realidad para los actores responsables.
 

A continuación aportamos dos capítulos del documento, el de "Marco conceptual y metodológico de la caja de herramientas" y "Estrategias para mejorar el acceso a la información pública y la transparencia".

 

 

Acceso a la información pública. Es un derecho humano, reconocido en la Constitución de la República del Ecuador y en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Hace referencia a que toda persona, en forma individual o colectiva puede acceder libremente a la información generada en entidades públicas o en las privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas (Art. 18 Constitución).

 

Acuerdo para la protección de datos personales. Instrumento de comunicación y accesibilidad del campo de acción relacionado con la apertura institucional, que tiene como finalidad garantizar los datos personales mediante un compromiso multisectorial para que los datos personales no sean vulnerados.

 

Buen gobierno. Se refiere al buen funcionamiento de las instituciones responsables del Estado (políticas, jurídicas y administrativas) que las personas consideran como legítimas y a través de las que participan en las decisiones que afectan sus vidas, con respeto a los derechos humanos y la ley en general. También alude al ejercicio de la autoridad por medio de procesos políticos e institucionales transparentes y responsables, que fomenten la participación ciudadana y el respeto a los derechos humanos (Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos).

 

Confidencialidad de la información personal de alertadores/denunciantes (Whistleblowers). Instrumento de la herramienta de comunicación y accesibilidad del campo de acción de apertura institucional que protege la confidencialidad de las personas denunciantes o alertadoras de presuntas anomalías o acciones no acordes a la norma.

 

Consejo consultivo. Es un tipo de mecanismo de asesoría que está integrado por personas o por organizaciones civiles y que sirven como instancias de consulta para las instituciones públicas (Ley de Participación Ciudadana Art. 80).

 

Datos abiertos. Información que puede ser utilizada, reutilizada y redistribuida. “Estos deben encontrarse en formato libre y sin restricciones con el fin de que se puedan crear servicios derivados de los mismos” (Ley Modelo 2.0).

 

I-contratación pública. Instrumento de la herramienta de datos abiertos que se contempla dentro del campo de acción denominado “Apertura Institucional”. En base a la apertura de datos y a principios de transparencia, rendición de cuentas y control social se puede acceder a las etapas de los procedimientos precontractuales y contractuales que ejecuten las instituciones públicas, salvo excepciones previamente establecidas en la norma.

 

Información pública. Se refiere a “todo documento en cualquier formato, que se encuentre en poder de las instituciones públicas y de las personas jurídicas a las que se refiere esta Ley, contenidos, creados u obtenidos por ellas, que se encuentren bajo su responsabilidad o se hayan producido con recursos del Estado” (Art. 5 LOTAIP).

 

Información de interés público. Hace relación a la información que resulta relevante o beneficiosa para la sociedad y no simplemente de interés individual, cuya divulgación resulta útil para que el público comprenda las actividades que llevan a cabo los sujetos obligados, tales como información referente a la salud pública, medio ambiente, seguridad pública, asuntos socioeconómicos y políticos y transparencia en la gestión pública” (Ley Modelo 2.0).

 

Laboratorios de innovación democrática. Instrumento de la “Herramienta Espacios de articulación OSC y Academia” del campo de acción “Apertura Institucional”. Se constituye en un espacio digital mixto: académico y de organizaciones sociales que fomenta la construcción de políticas públicas de forma bidimensional, que permita fusionar la teoría con la práctica o viceversa, con enfoque de conocimiento abierto.

 

Observatorio ciudadano. Mecanismo de participación ciudadana constituido por grupos de personas y organizaciones que no tengan conflicto de intereses con el objeto observado. Tendrán como objetivo elaborar diagnósticos, informes y reportes con independencia y criterios técnicos, con el objeto de impulsar, evaluar, monitorear y vigilar el cumplimiento de las políticas públicas (Ley de Participación Ciudadana Art. 79)

 

Plan de Acción de Gobierno Abierto Local. Instrumento de la “Herramienta Datos Abiertos” correspondiente al campo de acción “Apertura Institucional” que tiene como propósito definir compromisos subnacionales para promover el modelo de gestión de gobierno abierto a nivel local.

 

Plan de Acción de Gobierno Abierto (PAGA). Instrumento de la “Herramienta Datos Abiertos” correspondiente al campo de acción “Apertura Institucional” que tiene como propósito definir compromisos nacionales para promover el modelo de gestión de gobierno abierto a nivel nacional.

Portal de datos abiertos. Es un instrumento para transparentar y abrir datos e información en la modalidad accesibilidad y reusabilidad, liderado por Secretaría Técnica Planifica Ecuador con el apoyo de FUNDAPI y GIZ.

 

Prevención y atención a las mujeres y la familia con apertura de datos en los GADs. Instrumento de la “Herramienta Datos Abiertos” correspondiente al campo de acción “Apertura Institucional”, cuyo propósito es que los datos abiertos se encuentren a disposición de las personas para prevenir y atender casos de violencia de mujeres y familia a nivel local.

 

Publicación de la información. Se refiere a “aquella información organizada por temas, en orden secuencial o cronológico, sin agrupar, generalizar o modificar los conceptos, de tal manera que las personas puedan ser informadas correctamente y sin confusiones” (Ley Modelo 2.0).

 

Reutilización. Se refiere a aquella información que puede ser “compartida entre un mayor número de personas utilizando todos los medios disponibles incluyendo, entre otros, la página de internet, radiodifusión, televisión e imprenta” (Ley Modelo 2.0).

 

Transparencia. Principio de gestión pública que consiste en la información que se genera con recursos del Estado y que estén a disposición del público, con excepciones limitadas, de manera oportuna y en formatos de datos abiertos sin límites para su reutilización. Esto incluye la divulgación de información en respuesta a las solicitudes que realizan las personas de manera proactiva, a iniciativa propia y de las entidades públicas.

 

 

 

 

Una caja de herramientas contiene materiales metodológicos y pedagógicos, de carácter práctico, conceptual y estratégicamente direccionados, que brinda a las instituciones, organizaciones y personas en general, varias alternativas e insumos de trabajo sobre diversas temáticas.

Se trata de una propuesta metodológica flexible y heurística, para intervenciones prácticas en distintos ámbitos de la vida social, que confían en la potencialidad de los diversos actores sociales a los que van dirigidos para efectuar procesos de cambio social:

 

 

Cualquier herramienta del paquete tecnológico tiene sentido si se comprende el contexto en el que puede operar. Como bien lo anota Jesús Galindo, hay cuatro tipos posibles de configuraciones sociales: comunidad de información, sociedad de información, sociedad de comunicación y comunidad de comunicación.

 

En este sentido, en la sociedad ecuatoriana actual, los límites y las potencialidades del acceso a la información expresan la transición desde la llamada sociedad de la información hacia lo que se proyectaría como la cultura de la comunicación, donde:

 

 

Frente a este escenario aparece el proyecto de la sociedad de la comunicación o “sociedad abierta”, compuesta por ciudadanos libres y participativos, así como por individuos críticos y reflexivos que no solo acceden a información dispuesta y organizada por quienes tienen poder de hacerlo, sino que se sirven de esa información para tomar decisiones personales y colectivas.

 

La democracia es la cualidad central de este tipo social, para su movimiento requiere del diálogo de los iguales, del acuerdo entre los distintos pero tolerantes para un gobierno más horizontal. La sociedad de comunicación supone un manejo de información distinto, pone énfasis en la relación más que en el contenido. No importa tanto lo que sabemos de los otros y lo que podemos hacer sobre los demás con ese saber, lo importante es el acuerdo de diálogo y concertación con los demás sobre lo que a todos compete, poniendo en juego todo el saber posible para un mejor diálogo y una mayor decisión concertada y ejecutada (Ibíd.)

 

La sociedad de información tiene una muy baja cultura de comunicación y en ella domina el flujo de datos en ciertas direcciones, mientras que la sociedad de comunicación supone un manejo de información distinto y pone énfasis en la relación más que en el contenido. Si bien todo actor social requiere de cierta cultura de información para relacionarse con los demás, para vivir en sociedad, la cultura de comunicación representa la base de la sociedad de comunicación, pues permite que aunque la información siga teniendo una importancia clave, esta se convierte en estructuralmente más relevante, pues su valor reside en lo que los actores sociales hagan con ella en interacción dialógica, en la mejora de sus patrones y calidad de vida, así como en el mayor ejercicio de sus derechos ciudadanos.

 

En esta caja de herramientas se presentan los elementos conceptuales y prácticos que permiten identificar, diseñar y proponer alternativas de acción pública (acción conjunta entre instancias estatales, no gubernamentales y de la sociedad civil) para potenciar y/o promover de forma factible y concreta, mediante el uso de herramientas de política pública, el acceso ciudadano a la información pública, el mejoramiento de la transparencia y el gobierno abierto, así como la protección de datos personales.

 

Como primer elemento, la matriz de delimitación define el sentido y el alcance del conjunto de instrumentos y herramientas propuestos con base en una aproximación a los principales factores que intervienen en el problema a solucionar. Para ello, se describen los aspectos problemáticos sustantivos descubiertos en el diagnóstico participativo que se ha realizado, dentro del contexto actual.

 

Contiene una aproximación lógica que justifica su aplicación, así como las principales características de cada una de las herramientas propuestas para mejorar estratégicamente el acceso a la información pública. Incluye también un glosario de los principales conceptos y categorías referidos en la caja de herramientas, así como un listado de fuentes documentales y sitios web donde se puede profundizar su definición.

 

A continuación, los objetivos de la caja de herramientas, en relación con tres de sus utilitarios:

 

a) Conocer y profundizar el propósito de los principios de rendición de cuentas, publicitación de la información, transparencia, lucha contra la corrupción, participación y control ciudadano, colaboración y cocreación, desde un enfoque crítico de derechos humanos, género y territorialidad, mediante acciones estratégicas y herramientas concretas.

 

b) Entender la complejidad y multidimensionalidad del acceso a la información pública y la transparencia a partir de la convergencia entre la normativa, la política pública, el fortalecimiento institucional, la mejora procedimental, la información y la comunicación pública; así como el cambio sociocultural, el aporte de las nuevas tecnologías como plataformas digitales y redes sociales.

 

c) Tomar conciencia sobre la importancia del acceso a la información pública y la transparencia como pilares para la profundización de la democracia y el mejoramiento de la gobernabilidad desde una institucionalidad estatal que sirva a las personas y les garantice sus derechos.

 

d) Conocer la naturaleza de las herramientas mediante una visión general de cada una de ellas y su potencial impacto para las líneas de la intervención estratégica prevista sobre la problemática.

 

Las fichas técnicas que integran la caja de herramientas son una compilación de información y recursos gráficos; se ha tratado de utilizar un lenguaje de fácil comprensión y de la forma más sintética posible, sin que por ello pierdan su configuración específica; se han categorizado en campos o ejes de acción, herramientas, instrumentos y dispositivos útiles para desarrollar el acceso a la información pública y la transparencia, disponibles para el uso de autoridades, funcionarios a cargo de esta temática, así como dirigentes y miembros de organizaciones sociales e incluso ciudadanía en general.

 

Se espera que las instituciones usuarias de estas herramientas contribuyan a mejorarlas mediante su aplicación, y esperamos que en un futuro puedan ajustarse aún más a las necesidades cambiantes de la problemática aquí abordada.

 

 

La caja de herramientas propuesta enfatiza cuatro espacios/ejes temáticos de intervención para el mejoramiento de la situación actual. En primer término, en el de la rectoría eficiente por parte de la Defensoría del Pueblo de Ecuador (DPE), al ser el órgano promotor de vigilancia y garantía de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP).

 

En segundo lugar, en el mejoramiento cuantitativo y cualitativo de la transparencia, a partir de la búsqueda no solo del incremento de la transparencia activa y pasiva, sino de la búsqueda de la transparencia focalizada y colaborativa.

 

En tercer lugar, en el fortalecimiento de las capacidades institucionales y en el empoderamiento de los servidores y servidoras públicos que directa e indirectamente están involucrados con el cumplimiento del derecho humano de acceso a la información pública que redunda en la gestión de la transparencia institucional, así como de las personas de la sociedad civil organizada y población en general.

 

Por último, mediante la apertura institucional materializada en políticas y acciones de datos abiertos, comunicación y accesibilidad, así como la articulación con la diversidad de organizaciones de la sociedad civil y de la academia.

 

 

A fin de identificar las grandes líneas estratégicas para mejorar el acceso a la información pública y la transparencia, se identifican seis dimensiones que deberían considerarse interdependientemente para orientar las acciones de intervención.

 

 

Las reformas al marco normativo que regula el acceso a la información pública y la transparencia son estratégicamente necesarias, principalmente en dos direcciones.

 

Por una parte, la actualización a la normativa vigente, a partir de identificar sus limitaciones frente a las necesidades y contexto actuales, y por otro lado, mejorar la aplicación de ese marco legal, en especial de la LOTAIP, así como ampliar el uso de recursos legales para la promoción y protección de los derechos humanos, sobre la base de una mejor definición y aplicación de la garantía jurisdiccional de la Acción de Acceso a la Información Pública.

 

Respecto a la necesidad de contar con más y mejor normativa al respecto, es indispensable aprobar, tras la más amplia discusión y con los contenidos más adecuados, la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Adicionalmente, es necesario revisar y actualizar la normativa relacionada con la gestión documental y de archivo para la organización y mantenimiento de los archivos públicos que se encuentre acorde a las reformas de la actual LOTAIP.

 

En tercer lugar, se requiere trabajar más en el ámbito legal y de la regulación, mediante el fortalecimiento de los mecanismos relacionados con el requerimiento legal de las personas sobre datos abiertos y portales de transferencia focalizada, mejorando el alcance de los mínimos de transparencia activa. En ese sentido, se debe precisar los lineamientos para acceder a la información pública, así como proteger legalmente el principio del anonimato.

 

 

La planificación debe incluir el acceso de la información y la transparencia como un eje central. En tal razón, se debe incluir en el Plan Nacional de Desarrollo y en los planes de desarrollo locales los objetivos y metas específicos para la implementación de sistemas de gestión de archivos que garanticen el acceso a la información.

 

Lo anterior debe materializarse a través del diseño y aplicación de políticas para la capacitación de las personas servidoras públicas sobre las limitaciones del derecho de acceso a la información pública, los contenidos y alcances de la LOTAIP, así como la naturaleza y tipo de información que se debe transparentar.

 

A nivel institucional, buscar el fortalecimiento y la institucionalización de los comités de transparencia y las unidades de recolección, procesamiento y difusión de la información de acceso público en cuanto a perfiles profesionales, experticia, capacitación permanente y continuidad en el desempeño del cargo, que garantice una gestión continua como instancia encargada de vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales previstas en la LOTAIP, evitando así la rotación constante de este personal que se capacita y fortalece sus capacidades cognitivas y técnicas. Igualmente, es necesario generar políticas institucionales sobre datos abiertos y sobre portales con datos abiertos a nivel del gobierno central y de los gobiernos autónomos descentralizados, al igual que los demás sujetos obligados para generar capacidades en las instituciones del Estado sobre criterios para transparentar la información y sobre avances tecnológicos en esta área. En este sentido, se debe incluir la política de datos abiertos en el portal de gobierno electrónico.

 

Del mismo modo, hay que desarrollar medidas para garantizar la publicación de informes periódicos respecto a la información generada por las instituciones, incluyendo sanciones por el incumplimiento de los plazos establecidos en la ley para la entrega de información pública. Además, es necesario establecer políticas de libre acceso a la información y su respectiva reglamentación, al igual que desarrollar un sistema integrado de recopilación de información entregada en respuesta a las solicitudes de información, para la reducción de niveles de “reserva” y “confidencialidad” en la información institucional.

 

Lo anterior debe acompañarse con la implementación de políticas de conservación y organización documental para mejorar la accesibilidad a la información de las personas, incluyendo un sistema de estímulos para las instituciones del Estado que incrementen su desempeño para garantizar el derecho de acceso a la información pública, así como el desarrollo de iniciativas ciudadanas en este ámbito.

 

Por último, sería importante en el ámbito estatal, diseñar políticas y ejecutar acciones para el levantamiento y utilización de Big Data.

 

 

La optimización de la aplicación de medidas técnicas y el mejoramiento de procesos y procedimientos es fundamental. En esa dirección hay que diseñar y aplicar mecanismos específicos para la identificación de información focalizada que requieren las personas, para la parametrización y apertura de datos, y para la atención automatizada a solicitudes y de redireccionamiento de esta, en caso de no disponer de la misma ante una solicitud expresa.

 

Se requiere elaborar indicadores de desempeño institucional en materia de transparencia y acceso a la información pública en cuanto a: información socialmente necesaria a ser difundida más allá de la obligación legal, decisiones públicas sobre sistematización y difusión de información, niveles de desarrollo de portales de gobierno y aplicación de soluciones tecnológicas a la difusión de información, accesibilidad a información y niveles de promoción del derecho de las personas al acceso a la información pública.

 

El cómo se difunde la información es clave. Por ello, hay que actualizar los instrumentos técnicos en los cuales se consigna la información y de esta manera ampliar la aplicabilidad de las herramientas para la difusión de la información que se genera, produce o custodia con recursos públicos. Hay que fortalecer la creación y el acceso a repositorios físicos y digitales, que estén bien organizados y cuenten con todas las facilidades para el acceso de las personas a los portales institucionales, incluyendo “buzones virtuales” unificados que redirijan la solicitud de información directamente a quien corresponda. En todos los casos es necesario aplicar mecanismos de seguimiento y evaluación internos de los procesos de acceso a la información pública por parte de las personas usuarias y de la exigibilidad de la información pública a través de la garantía jurisdiccional correspondiente que evidencie los resultados de estos procesos.

 

Resulta estratégico contar con un protocolo de manejo de la información de acceso público; diseñar y aplicar instrumentos metodológicos para el nuevo personal que se incorpore en las instituciones para el conocimiento y fortalecimiento de la gestión de la transparencia y del acceso a la información que se genera, al igual que mejorar los procesos internos para garantizar el cabal funcionamiento de los comités de transparencia y de las Unidades Poseedoras de Información (UPI).

 

Por último y en este nivel, se debe indagar de forma específica en el ámbito de cada institución, las brechas y vacíos de información, a fin de que las instituciones trabajen sobre ello y se establezca un portafolio de datos abiertos en dichas entidades, priorizando la información según la demanda y los requerimientos que realicen las personas, con miras a generar procesos de empoderamiento para potenciar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública. Con este fin, hay que aplicar también herramientas que difundan la información de manera didáctica y mejoren la accesibilidad de la población, así como espacios de consulta y de retroalimentación (feedback) desde la ciudadanía sobre la información que requieren con mayor interés y necesidad.

 

 

Los recursos tecnológicos son estratégicamente indispensables para mejorar el acceso de las personas a la información pública, como aporte a la transparencia de la gestión institucional. En esta dimensión hay distintos niveles de acción, dependiendo del alcance que se logre con la solución tecnológica y del costo de la misma.

 

Al nivel más amplio, se propone el uso de una plataforma gubernamental[1], la construcción y funcionamiento de un portal único e interactivo de acceso a la información pública que integre los procesos de transparencia activa y pasiva. Lo aconsejable es una plataforma tecnológica capaz de sostener el sistema documental y que su flujo responda a las necesidades institucionales, cuya información sujeta a difusión y divulgación debe estar alojada en la red institucional en un formato procesable.

 

Lo anterior puede complementarse con el funcionamiento de portales particulares de transparencia por tipo de institución, a escala nacional que permita la valoración de la apertura tecnológica en territorio. En ambos casos deben diseñarse portales amigables para su uso y que faciliten el acceso a fuentes de datos abiertos de manera transversal en las entidades del Estado, considerando también que deben incluirse aplicaciones para el uso de recursos lúdicos a fin de que se permitan visualizaciones de la información que consolidan los repositorios de la información.

 

Para mejorar la atención de las personas se puede implementar web-chat o programas de Inteligencia Artificial (AI); atención de personas usuarias por parte de servidoras y servidores públicos intermedios, vía Skype u otra plataforma similar, al igual que el uso de block-chain para el seguimiento de los procesos de contratación y de compras públicas, por parte de usuarios y usuarias.

 

 

A mediano y largo plazo se requiere no solamente mejorar significativamente el acceso a la información pública a fin de promover la transparencia y el ejercicio de todos los derechos para su correspondiente empoderamiento sino también incidir en la mejora del control social de la institucionalidad gobernante. Para esto, es necesario impulsar una línea educomunicacional sostenida a lo interno de las instituciones del Estado y con mayor énfasis en las personas de la sociedad civil, utilizando diversos canales y metodologías.

 

En términos de Procesos Enseñanza Aprendizaje (PEA) es indispensable diseñarlos y complementarlos con productos educomunicacionales que serán utilizados en los talleres de capacitación sobre el derecho humano de acceso a la información pública, además de espacios de sensibilización, concienciación y divulgación sobre la problemática y sus efectos. En relación con las personas servidoras públicas es importante que se conviertan en el canal de apoyo educativo para el grupo objetivo poblacional seleccionado en el ámbito institucional y en el espacio local. En el caso de las personas de la sociedad civil se debe especificar metodologías de procesos educativos desagregados por temáticas y rangos de edad, incluyendo niños, niñas, adolescentes y personas jóvenes de los diversos niveles educativos, así como desplegar talleres de capacitación focalizados para personas de los sectores rurales y personas adultas mayores que cuenten con apoyos en el manejo de la tecnología.

 

También es necesario diseñar e implementar herramientas educativas virtuales on-line y apps, o tutoriales sobre los instrumentos metodológicos y técnicos que guíen el acceso a la información pública, que promueva la participación ciudadana para el control y vigilancia de la gestión pública. El uso de plantillas comunicacionales y webinars, así como la creación de salas virtuales para la difusión de información se hacen indispensables. Es recomendable la aplicación de “tecnologías cívicas” y la difusión de todas las acciones mencionadas en redes sociales y medios de comunicación interactivos.

 

 

En esta dimensión se proponen diversas estrategias para promover procesos de apropiación de la ética pública y fortalecer la cultura de transparencia y de conciencia cívica de manera transversal al ejercicio del derecho de acceso a la información pública.

 

En primer lugar, es necesario ejecutar campañas de sensibilización dirigido a servidoras y servidores públicos y a la ciudadanía beneficiaria de los servicios institucionales para promover la ética en el servicio público y la lucha contra la corrupción como acción conjunta entre el Estado y la sociedad civil, en el que la apropiación del derecho humano de acceso a la información pública juega un rol trascendental para garantizar el ejercicio de los demás derechos, a través de la exigibilidad de los estándares nacionales e internacionales que son de cumplimiento obligatorio para nuestro país.

 

Como primera etapa de esta sensibilización ética se pretende trabajar a nivel institucional en los gobiernos autónomos descentralizados - GAD, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos - INEC, el Servicio de Rentas Internas - SRI, la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Compañías.

 

En segundo término, fomentar el empoderamiento y la incidencia de las personas en el fortalecimiento de la cultura de transparencia y de acceso a la información en la gestión pública, mediante la capacitación a las organizaciones de la sociedad civil y a las personas que demandan servicios públicos en todas las provincias del país, más allá de Pichincha y Guayas, considerando la insuficiente participación ciudadana en el resto del país.

 

En tercer lugar, y dada la magnitud y complejidad de los cambios actitudinales y conductuales, es indispensable la creación de alianzas público-privadas para visibilizar los problemas y efectos de la falta de acceso a la información pública para potenciar la gestión transparente, lo que implica tender puentes entre la academia, organismos no gubernamentales y de cooperación internacional; así como de las organizaciones sociales y gremios profesionales[2]; lo que también incluye la activa participación de los medios de comunicación para la difusión de los problemas y desafíos frente a la ética pública, el acceso a la información pública, la transparencia, el gobierno abierto y la lucha contra la corrupción, a fin de expandir la opinión pública en relación con las temáticas descritas para promover debates y espacios de diálogo nacional.

 

A lo anterior, se pueden sumar otros direccionamientos estratégicos como la creación de una “Red de Transparencia, Ética y Acceso a la Información Pública” que podría otorgar certificaciones de calidad y buenas prácticas de ejercicio ético, así como asesorar en los eventos de sensibilización, capacitación y formación dirigido a las personas del servicio público y de la colectividad en general, para lo cual también se propone realizar actividades tendentes a conmemorar periódicamente las fechas emblemáticas del acceso universal a la información pública, la ética pública y la lucha contra la corrupción y por el gobierno abierto.

 

Por último, hay que fortalecer instancias de veeduría y de control social para el acceso a la información pública, por lo que es importante la creación de un “Observatorio Nacional de Acceso a la Información Pública”, conformado por las personas de la sociedad civil, que permitirá aportar al fortalecimiento de la cultura de transparencia y de acceso a la información pública en el país. Así también, es indispensable la promoción de observatorios y comités ciudadanos, escuelas de formación, capacitación permanente, entre otras alternativas para la apropiación de la ética pública, eje transversal que aporta de manera significativa a la construcción de una nueva sociedad enmarcada en los principios y valores que deben consolidarse a través de un código de integridad que invite a la reflexión de actos y comportamientos humanos. Las personas del servicio público se constituyen como protagonistas del cambio institucional y las personas de la sociedad civil como coprotagonistas en ese cambio que posibilita la transformación en las relaciones dentro de la estructura social ecuatoriana. Este eje, que es esencial y transversal a los ejes de transparencia y de acceso a la información pública, mejorará la dinámica de la administración pública del país.

 Fuente: Gobierno Abierto del Ecuador

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