Empleo, ingresos y pandemia en hogares a cargo de mujeres

Las medidas de emergencia sanitaria, implementadas a los fines de disminuir los contagios y muertes por COVID, involucraron el aislamiento o distanciamiento social[1], lo que significó el cierre físico de espacios de primera infancia, escuelas, centros culturales, clubes, espacios de sociabilización para niñas, niños y adolescentes durante gran parte del año 2020. Esto acrecentó las tareas de cuidado y domésticas y tuvo efectos sobre las niñas, niños y adolescentes. En este contexto, los hogares con NNyA a cargo de una mujer (monomarentales) han sido los más afectados por la doble crisis: la económica y la crisis de los cuidados.

 

Ante esta crisis que atraviesa la Argentina y el mundo por el COVID-19, durante 2020 el Estado argentino llevó adelante políticas económicas inéditas a la vez que reforzó la protección social. Se implementaron transferencias de dinero para sectores vulnerables, se asistió a empresas para sostener el empleo, se amplió la cobertura de la asistencia alimentaria, se otorgaron licencias para cuidar, se fortalecieron programas sociales, se apuntaló la infraestructura de cuidados, entre otras. El esfuerzo fiscal del paquete de asistencia y contención ante la pandemia equivale al 6,6% del PIB (ONP, 2020). A su vez, los cuidados han tomado, por primera vez, un rol protagónico en el debate y diseño de la protección social así como en la perspectiva de recuperación económica y productiva de 2021. Este accionar logró amortiguar el efecto de la crisis del COVID sobre los indicadores socioeconómicos.

 

Las consecuencias de la pandemia COVID-19 en el mercado laboral muestran una situación sin precedentes. Debido a las brechas de desigualdad estructurales, los efectos negativos sobre la economía tienden a reforzarlas: clase social, formalidad/informalidad laboral, ubicación geográfica, urbanidad, nivel de ingresos, género y edad, son factores determinantes de las posibilidades para afrontar la pandemia. En Argentina, antes de la pandemia, 5 de cada 10 mujeres participaba en el mercado de trabajo. Hacia el segundo trimestre de 2020 cuando los contagios iban en aumento y las medidas de ASPO eran entonces más estrictas, las que participaban en el mercado laboral eran 4 de cada 10. En el momento de mayor cierre de la economía argentina, la tasa de participación económica de las mujeres caía 8,2 puntos porcentuales (pp), dejándolas en un nivel comparable al de dos décadas atrás. Más de 1 millón y medio de mujeres salieron de la actividad. La situación más crítica se observa en las mujeres jefas de hogar sin cónyuge y con niños, niñas y adolescentes a cargo. Para ellas, la caída en la actividad fue de 14 pp. Es decir, quienes enfrentan las mayores cargas de cuidados son las que se vieron más afectadas por la crisis. Por este motivo es que, como se expondrá más adelante, buena parte de las respuestas que se pusieron en marcha desde el Estado están dirigidas al sector de trabajadoras informales con hijos e hijas.

 

 

La tasa de desocupación también sufrió el embate de la crisis: pasó de 8,9% a 11,7% para la población en general, y de 9,5% a 13,1% para las mujeres. Sin embargo, ese aumento no refleja con claridad la totalidad de las personas que se quedaron sin trabajo. Muchas de ellas no fueron contabilizadas como desocupadas porque para ser consideradas como tales debían encontrarse buscando activamente un empleo. Quienes perdieron su trabajo y no buscaron activamente otro pasaron a la categoría de “inactividad”. De este modo, entre el cuarto trimestre de 2019 y el segundo de 2020 unas 3,4 millones de personas pasaron a la inactividad, quedando fuera del mercado laboral. De no haber existido ese traslado hacia la inactividad, la desocupación habría alcanzado al 30,12% de la PEA. Al mismo tiempo, gran parte de dicha inactividad es transitoria y se debe a las restricciones vigentes en dicho momento para contener los contagios. El Estado reforzó mecanismos para amortiguar la pérdida de empleo e ingresos. Se dispuso una doble indemnización y prohibición de despidos, se pagaron salarios a través de transferencias a empresas y se incrementó la protección social en sectores informales. La magnitud y las cualidades de la caída de la PEA en el marco de la crisis del COVID-19 dificulta proyectar cómo se recuperará el mercado laboral sobre la base de experiencias pasadas. Los datos de los últimos trimestres de 2020 muestran una incipiente recuperación del mercado laboral junto a algunos cambios en su composición.

 

Por otro lado, en el segundo semestre de 2019 la pobreza por ingresos alcanzaba al 25,9% de los hogares y al 44% de los hogares con niñas, niños y adolescentes, lo que representaba el 35,5% del total de personas y el 53% de NNyA por debajo de la línea de pobreza. Estos niveles aumentaron en el primer semestre de 2020, alcanzando al 30,4% de hogares y al 49% de hogares con presencia de NNyA (40,9% del total de personas y 57% de los NNyA). En los hogares monomarentales la pobreza alcanzó al 59% de los hogares y al 68,3% de los niños, niñas y adolescentes en el mismo período (UNICEF, sobre la base de EPH).

 

El aumento de los niveles de pobreza fue amortiguado por diversas medidas de protección de ingresos que tomó el Estado para cubrir a los hogares más vulnerables: pagos extra de Asignación Universal por Hijo (AUH), la Tarjeta Alimentar y bonos para jubilados y jubiladas que reciben los haberes mínimos, entre las más importantes. Además, se creó el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que alcanzó a 8,9 millones de personas y permitió sostener ingresos en muchos hogares. Según un estudio del Ministerio de Economía, Ministerio de Desarrollo Productivo y Ministerio de Trabajo, Empleo y seguridad social (mayo 2020), el IFE fue una herramienta efectiva para contener la pobreza, la indigencia y evitar que se amplíen las brechas de desigualdad. En el ejercicio de microsimulaciones llevado adelante por dichos organismos, se obtiene que el conjunto de transferencias (AUH, Asignación Universal por Embarazo - AUE, Ali[1]mentar, bono a jubilados/as e IFE) genera una contención de entre 6 y 8 puntos en la pobreza y entre 6 y 10 puntos de la indigencia. “Esto significa que con estas medidas se evitaría que entre 2,7 y 4,5 millones de personas caigan en la pobreza y/o indigencia -de manera transitoria-, producto de la pandemia”, afirma el informe. Además, si se consideran estas medidas en con[1]junto, han tenido un carácter progresivo: el 68% de las transferencias (refuerzos de AUH y AUE, bono a jubilados y jubiladas, Alimentar e IFE) que se realizaron en el marco de la Emergencia Sanitaria COVID19 se dirigen al 50% de la población de menores ingresos. Los dos primeros deciles de ingresos reciben casi 10 veces más transferencias que el decil 10 (las personas con mayores ingresos).

 

Hacia el tercer trimestre de 2020, cuando la economía argentina empieza a abrirse parcial[1]mente y algunos sectores económicos antes cerrados retoman su actividad, se observan in[1]dicios de recuperación de la PEA. Sin embargo, la recuperación de las mujeres es más lenta. Aquellas que están a cargo de hogares con niños, niñas y adolescentes son quienes enfrentan los mayores obstáculos para reincorporarse a la vida laboral y mantener sus puestos o buscar un nuevo empleo. Frente a esta dinámica de recuperación, con una pérdida evidente de puestos de trabajo de mujeres, es importante relevar la situación particular en la que se encuentran los hogares con NNyA, que sufrieron un impacto doble de la crisis. Por un lado, porque el acceso al sistema de cuidados - que ya era problemático antes de la pandemia- se ve restringido, lo que genera obstáculos para que las mujeres puedan trabajar o buscar trabajo; por otro, porque el cierre de estos espacios tiene efectos sobre el desarrollo socioemocional de los niños y las niñas, a la vez que muchos hogares se ven expuestos a la falta de conectividad o de dispositivos con acceso a internet y, de ese modo, se encuentran con dificultades para continuar con el proceso educativo de manera remota. Ambos fenómenos se retroalimentan: menos mujeres en el mercado laboral significa menos ingresos en los hogares, más pobreza y, por ende, más pobreza entre niñas, niños y adolescentes. Además, menos espacios de cuidado y falta de acceso a la educación implican mayores desigualdades en el futuro acceso al trabajo y, por ende, también mayor pobreza.

 

Uno de los determinantes clave que explican el acceso al trabajo o los ingresos de los hogares es el nivel educativo de las personas adultas a cargo de los mismos. A modo de ejemplo, las mujeres jefas de hogares con NNyA sin secundario completo enfrentaron una mayor pérdida de empleo que aquellas en iguales condiciones sin NNyA a cargo. La conciliación entre las responsabilidades familiares, de cuidado y el trabajo para el mercado resulta particularmente compleja para estas mujeres, en especial en un contexto de serias limitaciones en el acceso a servicios de cuidado. Además, la oferta pública de servicios gratuitos es insuficiente y convive con alternativas de oferta privada a la que acceden las familias de mayores ingresos. Estas mujeres también presentan los mayores grados de informalidad laboral y, de este modo, no solo perciben menores ingresos laborales que aquellas que tienen un puesto formal, sino que no acceden a la cobertura de la legislación laboral y a las prestaciones de la seguridad social, tanto para ellas como para sus hijas e hijos.

 

En Argentina, los hogares monoparentales con niños, niñas y adolescentes a cargo de una mujer enfrentaron el mayor impacto negativo de la crisis por COVID-19 y son los más alcanzados por la pobreza y por la crisis de los cuidados.

 

De este modo, resulta imperativo concentrar esfuerzos en equilibrar la organización social del cuidado y fortalecer la protección social sobre la población afectada. Existen diversas opciones de políticas para abonar a esto, entre ellas, la inversión pública en infraestructura de cuidados.

La construcción y mejora de espacios de cuidado es fundamental, ya que su mayor disponibilidad disminuye las brechas de tiempo y mejora las oportunidades de acceso de las mujeres al mercado laboral. También genera la posibilidad de brindar cuidados de calidad a los/as NNyA, con espacios adecuados y personal calificado. Además, la inversión en cuidados produce un efecto multiplicador en el empleo a través de la contratación de personas, e impactaría como política en una significativa reducción de la pobreza. No avanzar en este sentido tiene costos para el Estado y para la sociedad en su conjunto: aumentan las erogaciones para la protección social, asistencia alimentaria y servicios públicos, al tiempo que empeoran las posibilidades de los hogares de tener educación o un empleo de calidad en el futuro, reforzando círculos de pobreza.

 

En este trabajo se exponen los principales hallazgos de una investigación elaborada sobre la base de información oficial disponible para finales de 2019 y principios de 2020, con el objetivo de contribuir a un diagnóstico de la situación de los hogares en el ingreso a la pandemia, con especial atención en aquellos en los cuales hay una sola persona a cargo y con presencia de niñas, niños y adolescentes. Este enfoque es central para contribuir a que las políticas económicas, fiscales, laborales y productivas contemplen las diversas dimensiones que la pandemia expone y profundiza y así evitar un retroceso mayor. Los procesos de recuperación económica no son uniformes, sino que tienen dinámicas diferenciadas en los distintos segmentos sociales, así como en los diversos sectores productivos. A su vez, como gran parte de las organizaciones internacionales lo sostienen, y la evidencia en la Argentina lo demuestra, la dimensión social de los cuidados es crucial para un modelo económico sostenible. Mientras gran parte de los sectores productivos redujeron su actividad o se cerraron, el sector de los cuidados multiplicó su trabajo.

 

 

 

 

 

La caída del empleo de las mujeres producto de la pandemia se asocia a su participación en el mercado laboral. Ellas tienen mayor presencia en sectores económicos fuertemente afectados por la crisis (por ejemplo, el servicio doméstico) y son quienes enfrentan mayores niveles de informalidad en el empleo. A esto se le suman las crecientes dificultades de conciliar el trabajo remunerado con las responsabilidades del hogar en un contexto en el que los servicios educativos y de cuidado se han visto profundamente alterados por las medidas de ASPO y DISPO vigentes en la Argentina desde marzo de 2020.

 

Además, este efecto se potencia porque las mujeres predominan en actividades que, por ser consideradas esenciales —como los servicios sanitarios y sociales— no redujeron su actividad en el contexto de pandemia y por ello están desproporcionadamente expuestas a riesgos de contagio y a la extensión de las jornadas laborales. En particular, los/as trabajadores/as de la salud, de los/as cuales 7 de cada 10 son mujeres, tienen mayores exigencias profesionales a la vez que enfrentan la sobrecarga de tareas de cuidado en los hogares.

 

Estas situaciones tienen su raíz en una sociedad reproductora de roles de género que ubican, tanto en el ámbito laboral como dentro del hogar, a las mujeres como responsables del cuidado. Múltiples estudios cuantitativos y cualitativos que analizan el uso del tiempo desde una perspectiva de género muestran que las mujeres se encargan mayoritariamente de la salud, la educación, la limpieza, el acompañamiento y la provisión de bienestar de los demás tanto en la esfera pública de su vida como en la privada.

 

 

La desigualdad de ingresos entre los hogares con jefatura femenina y aquellos con jefatura masculina ya era marcada antes de la pandemia. Esta desigualdad se veía profundizada por otros factores, como la presencia de NNyA, el nivel educativo del/la jefe/a de hogar, y su inserción laboral. Hacia fines de 2019, aproximadamente el 56,2% de los hogares de áreas urbanas tenía jefatura masculina y el 43,8% jefatura femenina. A su vez, en el 41,8% del total de los hogares había presencia de niñas, niños y adolescentes. En el 60,2% de estos hogares el jefe de hogar era varón, y en el 38,8% la jefa de hogar era mujer (Cuadro 2).

 

El nivel educativo de los/as jefes/as del hogar tiene impactos directos sobre los ingresos individuales y familiares de los hogares. Pero también tiene efectos a largo plazo: el nivel de educación alcanzado por las madres y los padres influye de manera significativa en el desarrollo infantil. Existe una elevada correlación entre un bajo nivel educativo de las madres y un bajo nivel educativo de sus niños y niñas. Tal es así que en hogares con madres que presentan pocos años de escolarización, sus hijos/as suelen repetir este esquema.

 

El nivel educativo de la jefatura del hogar es, en promedio, más bajo en los hogares con niñas, niños y adolescentes que sin ellos y ellas, tanto entre los jefes como entre las jefas. A su vez, las mujeres exhiben un mayor nivel educativo formal que el alcanzado por los varones.

 

El ingreso per cápita familiar (IPCF) es ligeramente más bajo en los hogares con jefa mujer que en los que tienen jefe varón. Si además se incorpora al análisis el nivel educativo y la presencia o no de NNyA en el hogar, la brecha entre ingresos de varones y mujeres se amplía. La combinación de estas dimensiones da por resultado que sean los hogares con NNyA cuyas jefas no han completado sus estudios secundarios los que se ubican en la cola inferior de la distribución de ingresos promedio de los hogares. Hacia fines de 2019, el IPCF de los hogares con jefatura masculina, con título universitario y sin NNyA (ubicados en el otro extremo de la distribución del ingreso), equivalía a casi 7 veces el obtenido por los hogares ubicados en la base de la pirámide. En general, la gran mayoría de los hogares con NNyA se ubica por debajo del ingreso promedio total. Esto se debe al mayor tamaño relativo de los hogares pobres y a la mayor presencia de niños, niñas y adolescentes en estos hogares, que se traduce en un mayor incremento de la pobreza entre NNyA que entre la población adulta.

 

Los ingresos provenientes del mercado de trabajo constituyen el sostén económico más importante de las familias en Argentina, al igual que en otros países de la región. Los ingresos laborales constituyen entre el 70 y 80% de los ingresos totales generados por los hogares. Por lo tanto, las condiciones de vida de la población analizada se vinculan estrechamente con el tipo y las características de su inserción laboral. Por ello se espera que, ante el gran impacto en los ingresos que provocó la pandemia, la desigualdad entre hogares con jefatura femenina y NNyA se haya acentuado.

 

 

Hacia fines de 2019, la tasa de participación femenina en el mercado laboral[2] era del orden del 71%, mientras que alcanzaba al 92% en el caso de los hombres (Gráfico 1). Es decir, 7 de cada 10 mujeres y 9 de cada 10 varones de entre 25 y 59 años participaba de la PEA. Sin embargo, en el caso de los/as jefes/as de hogar se observaba una mayor tasa de actividad que el promedio: concretamente, alrededor del 80% de las jefas de hogar (y 94% de los jefes) participaban en el mercado de trabajo, independientemente de si convivían en el hogar con niños, niñas y adolescentes (EPH, cuarto trimestre 2019).

 

A su vez, si ponemos la lupa en los hogares con presencia de niños, niñas y adolescentes, es mucho más alta la participación en las jefas de hogares sin cónyuge (monomarentales) que en las jefas de hogares con cónyuge: a fines de 2019 las primeras tenían un 85,8% de actividad mientras que las segundas un 69,2%.

 

 

Por otra parte, las brechas en la tasa de actividad entre mujeres y varones se achican a medida que aumenta el nivel educativo: entre las personas de menor nivel de escolarización, las brechas de género son mayores.

 

Entre 2003 y 2015, la tasa de participación económica de las mujeres universitarias que vivían en hogares sin niñas, niños y adolescentes se mantuvo estable, mientras que las mujeres con niveles educativos más bajos y presencia de NNyA en el hogar redujeron su participación. En el período 2015-2019, la oferta femenina global aumentó en alrededor de 5,6 pp, motorizada fundamentalmente por las mujeres de menor nivel educativo con presencia de NNyA en sus hogares. En general, la reducción de los ingresos de los hogares producto de recesiones o crisis incita a que una mayor cantidad de sus integrantes se vea en la necesidad de insertarse en el mercado laboral. Este período se caracteriza por un bajo dinamismo en la generación de empleo, ralentización e, incluso, reversión del proceso de formalización verificado previamente y reducción de ingresos reales para ciertos grupos de trabajadores.

 

La presencia de niñas, niños y adolescentes tiene impactos opuestos entre los varones y las mujeres. Frente a la ausencia de un sistema público de cuidados con cobertura suficiente, vivir en un hogar con NNyA implica menor participación económica para todas las mujeres, pero mucho menos participación aún para aquellas de menor nivel de escolarización.

 

Uno de los factores fuertemente vinculados con la deserción escolar en las niñas y mujeres y, por ende, con las carreras educativas truncadas, es el embarazo adolescente. Como lo muestra un informe de UNFPA (2020), quienes fueron madres en la adolescencia resultan afectadas 25% más por la inactividad laboral y 21,4% más por el desempleo respecto de quienes postergan la maternidad hasta la edad adulta. Además, cuando están empleadas obtienen ingresos laborales 23% inferiores que aquellas mujeres sin niñas y niños en el hogar desde la adolescencia.

 

Respecto a la composición de los hogares, del total de los hogares con NNyA y jefas mujeres, el 56% no convive con cónyuge, es decir, son jefas de hogares monomarentales. En el caso de los varones se trata del 8%. Entre las mujeres jefas de hogar que no completaron el secundario, el 70% no vive con cónyuge. Al no contar con otra persona adulta en el hogar, cuentan con menos recursos para conciliar su participación en el mercado de trabajo con las tareas de cuidado. Si se ciñe al total de jefes/as de hogares monoparentales/monomarentales de entre 25 y 59 años se observa que el 83,5% son mujeres (este porcentaje asciende al 88,3% en pandemia). De ellas, el 44% eran asalariadas informales antes de la pandemia.

 

Las mujeres experimentan no solo menores tasas de participación laboral, sino también mayores tasas de desocupación que los hombres. En el cuarto trimestre de 2019 las mujeres enfrentaban una tasa promedio de desocupación de 9,5% y los varones de 8,4% (Gráfico 2). A su vez, estas disparidades se profundizan con la población joven, que además es la que se encuentra más afectada por la desocupación: dentro de esta, el desempleo alcanzaba al 18,9% de las mujeres activas de entre 14 y 29 años, duplicando la tasa global.

 

En 2019, la informalidad laboral también las afectaba más que a los varones: en tanto que el 33,9% de los varones eran asalariados no registrados, este porcentaje ascendía al 38,2% entre las mujeres asalariadas (Gráfico 3). Dado que los mayores niveles de informalidad contribuyen a incrementar la vulnerabilidad laboral en situaciones extremas como una pandemia, la mayor informalidad laboral de las mujeres colaboró, en el marco de las medidas implementadas para hacer frente al COVID-19, a aumentar sus niveles de desocupación e inactividad.

 

A este contexto se agregan las situaciones de segregación e inestabilidad ocupacional que continúan caracterizando la inserción laboral femenina en el país. La segregación horizontal (distribución de trabajos de acuerdo con los roles de género) es un fenómeno que afecta particularmente las condiciones laborales y de ingresos de los hogares con NNyA, en especial aquellos con jefatura femenina. Tal como se observa en el Gráfico 4 para el cuarto trimestre de 2019, las mujeres están sobrerrepresentadas en el servicio doméstico, la educación y la salud. Estos sectores representan alrededor del 17%, 15% y 11% del empleo femenino, respectivamente. Es decir, aproximadamente 4 de cada 10 mujeres se inserta en alguna de estas actividades asociadas a los cuidados. A su vez, ellas dan cuenta del 95%, 75% y 70% del total del empleo en cada una de estas ramas de empleo, evidenciando que son actividades altamente feminizadas. Se reproducen en el mercado de trabajo los roles de las mujeres en el ámbito doméstico, vinculados a tareas del hogar y de cuidados. Por el contrario, ellas representan una porción insignificante en la construcción, en los servicios de transporte y la industria manufacturera.

 

La concentración de empleo en determinadas ramas de actividad se profundiza entre las mujeres de menor nivel de calificación con niñas, niños y adolescentes en el hogar. Por ejemplo, el servicio doméstico concentra el 40% del empleo de las mujeres de menor nivel educativo con presencia de NNyA en el hogar (la construcción da cuenta del 30% del empleo de hombres con el mismo nivel de educación y en el mismo tipo de hogares).

 

A pesar de que la Argentina cuenta con una ley que regula el trabajo en casas particulares, la mayoría de estas trabajadoras son informales. De hecho, ellas resultan ser las trabajadoras con mayores niveles de informalidad y de menores ingresos promedio en todo el mercado laboral. La situación de estos hogares se complejiza aún más en la medida en que las posibilidades de acceder a servicios de cuidado gratuitos son acotadas. Muchas veces, las restricciones en la oferta pública de servicios de cuidado generan que niños y niñas queden en el hogar sin adultos responsables a cargo o bajo el cuidado por parte de hermanas y hermanos mayores, generando múltiples efectos sobre sus posibilidades de desarrollo, su seguridad y la calidad de los cuidados que reciben.

 

El tipo de inserción ocupacional también guarda relación con la presencia de niñas, niños y adolescentes en el hogar y el nivel de escolaridad. Solo un 22% del total de mujeres jefas con NNyA y con secundario incompleto eran asalariadas formales. La brecha de formalidad laboral entre varones y mujeres es menor cuanto mayor es el nivel educativo. Así también, la brecha entre varones y mujeres con nivel secundario incompleto es de 30 pp, mientras que esa diferencia cae a entre 4 y 7 pp para quienes tienen nivel universitario.

 

Por lo tanto, las mujeres jefas de hogar de bajo nivel educativo y con responsabilidades de cuidado de NNyA presentan los mayores grados de informalidad laboral. Esto es relevante no solo por los menores ingresos laborales que allí se generan respecto de un puesto formal, sino por la imposibilidad de acceder a la cobertura de la legislación laboral (licencias por maternidad, entre otros) y a los beneficios de la seguridad social (salud, entre otros) tanto para ellas mismas como para sus hijas e hijos. Dado que la pérdida de empleo durante la crisis del COVID-19 se concentró en los trabajos informales, son los hogares con jefatura femenina y con niñas, niños y adolescentes en los que se acentuaron los efectos más negativos.

 

La actividad de las mujeres jefas de hogar con niñas, niños y adolescentes y cónyuge descendió 9,3 pp entre diciembre de 2019 y julio de 2020. La caída fue de 14,0 pp para las mujeres jefas de hogar con NNyA sin cónyuge. Esta última cifra se encuentra muy por encima del impacto en la actividad general (que fue de -8,8 pp) y la de mujeres en total (en torno a -8,2 pp). Es decir, quienes enfrentan las mayores cargas de cuidados son las que se vieron más afectadas por la crisis.

 

 

La carga de los cuidados en las mujeres afecta sus trayectorias laborales, en especial las de aquellas a cargo de niñas, niños y adolescentes. Ellas exhiben, en general, una mayor intermitencia ocupacional asociada a las mayores responsabilidades familiares, la maternidad y/o las tareas de cuidado. Los empleadores, ante la evidencia de la mayor rotación que exhiben las mujeres en conjunto, tienden a hacer recaer sobre ellas una cantidad mayor de puestos precarios, informales e inestables.

 

En este sentido, los cambios que se observan en la informalidad deben ser leídos en el contexto de la caída de la PEA, en donde la mayor parte de quienes dejan de trabajar o de buscar empleo son trabajadores/as informales o con mayor vulnerabilidad. De este modo, la informalidad entre las trabajadoras jefas de hogar con niñas, niños y adolescentes con cónyuge pasó, en el mismo periodo, de 39,3% a 27,4% (-11,9 pp), y para las jefas de hogar con NNyA monomarentales de 45% a 32,2% (-12,8 pp).

 

A su vez, es necesario tener en cuenta que las necesidades de conciliación del trabajo remunerado y las tareas en el hogar, que recaen en su mayoría sobre las mujeres, condicionan en muchos casos sus alternativas de búsqueda laboral.

 

Mientras los varones registran mayores salidas a otra ocupación, las mujeres transitan con mayor intensidad hacia la inactividad. Esto implica que las mujeres que salen de un empleo no pasan a ser desocupadas (puesto que no se encuentran buscando activamente otro), sino inactivas. Así, las mujeres con NNyA (que tienen las mayores cargas de cuidados) se ven a menudo expulsadas del mercado laboral, y ven deteriorados los ingresos de sus hogares.

 

 

El tamaño y la composición familiar también influyen en la situación económica de las familias. Mientras que en el segundo semestre de 2019 los hogares en los cuales había NNyA representaban, aproximadamente, el 42% del total, dicho porcentaje se elevaba al 71% entre los hogares pobres y al 74% entre los indigentes. Esto expone la mayor incidencia de la pobreza y la indigencia en hogares con niñas y niños y adolescentes. En efecto, la tasa específica de pobreza para este grupo de hogares fue 44% (11% de indigencia) mientras que se reducía a 13% (3% de indigencia) en los hogares sin niñas, niños y adolescentes.

 

Tener un trabajo no es un seguro contra la pobreza. En el segundo semestre de 2019, aproximadamente el 44% de los hogares con jefas/jefes que eran asalariadas/os informales y el 36% de los cuentapropistas eran pobres, en contraste con el 14% de los/as jefes/as asalariados/as formales. Los ingresos no laborales, como las diversas asignaciones familiares y la Asignación Universal por Hijo (AUH), entre otros mecanismos de respuestas del Estado para la protección de ingresos, contribuyen a reducir las situaciones de la pobreza en la niñez.

 

La situación es heterogénea en el interior de los hogares con presencia de niñas, niños y adolescentes, aunque esta presencia es, por sí misma, un factor de pobreza. Hay mayor vulnerabilidad, en promedio, en las niñas, niños y adolescentes respecto al total de la población: en el primer semestre de 2020, la pobreza alcanzó a un 57% de los niños, niñas y adolescentes y al 40,9% de la población total.

 

A esto se suma que, en aquellos hogares donde se encuentra solo la madre o el padre (hogares monomarentales y monoparentales) la incidencia de la pobreza y de la indigencia es aún mayor, y más aún si la jefa es mujer. Con la pandemia, la situación se agravó: en el primer semestre de 2020, el 68,3% de niñas, niños y adolescentes que vivían en hogares monoparentales con jefatura femenina eran pobres y el 23,6% eran indigentes (UNICEF, sobre la base de EPH, primer semestre de 2020).

 

La cantidad de niñas, niños y adolescentes que hay en el hogar ejerce una influencia muy significativa en la incidencia de ambos fenómenos. Las mujeres (en general con bajas calificaciones) a cargo de estos NNyA obtienen, en promedio, bajos ingresos laborales y, por otro lado, deben cubrir las necesidades alimentarias y no alimentarias básicas de un número elevado de miembros que no participan del mercado de trabajo.

 

Fuente: Ministerio de Economía de la Nación Argentina.

Informe elaborado sobre la base de un reporte de investigación realizado por Roxana Maurizio y Mora Straschnoy.

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