miércoles, 30 de septiembre de 2020
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Diego Rossi (*)

Profesor de Políticas de Comunicación UBA.

Internet y telecomunicaciones, una regulación inteligente es con todos

Por Diego Rossi. Despliegue territorial de redes de telecomunicaciones y TIC.

El relevamiento de capacidades y posibilidades de desarrollo de la Argentina post pandemia, como siempre partirá de las miradas de “vaso medio lleno” o “vaso medio vacío”, de los cristales doctrinarios y los acentos con los que se encare la política pública para una conectividad plena.

Por un lado, podemos sostener que el despliegue de redes de telecomunicaciones y TIC (en convergencia con la TV de pago y otros servicios como la provisión de energía eléctrica) ha sido conducida por economías de escala e inversiones concentradas, lo cual generó una histórica concentración asimétrica y periférica.

Sin embargo, también es cierto que territorializando la mirada, las cadenas de valor interrelacionadas de los sistemas audiovisuales y de telecomunicaciones en Argentina tienen muchos actores locales con identidad, trayectoria y modelos de negocios asociados (como las cooperativas y PyMes, organizaciones de segundo y tercer grado como Federaciones telefónicas y la propia Cámara de Argentina de Internet, que enhebra nodos de intercambio de tráfico o IXPs, y generar numerosas estrategias sinérgicas para mejorar la capacidad y calidad de las conexiones a internet). 

Refiriéndose a Colombia, algunos mentores de la ortodoxia económica y desregulatoria señalan que el desarrollo de la economía digital y las infraestructuras de las comunicaciones sólo necesitan un clima de paz interior, estabilidad económica, y un marco regulatorio proclive a las inversiones. Coincidimos con ello, al igual que quienes hablan del modelo chileno, haciendo la salvedad que las características políticas, geográficas, aspiracionales y socioeconómicas de nuestros países hermanos no son similares a las nuestras.  En Chile, por caso, ahora se debate cuáles son los pisos para garantizar Internet como servicio público.

Además de tender a una real competencia (sólo tengamos en cuenta que el gobierno anterior habilitó una megafusión que por ejemplo en la Provincia de Córdoba habilitó a que un solo prestador maneje un 80% de las conexiones a Internet fijas, además de estar concentrado verticalmente en otras actividades conexas), creemos que el país puede volver a ser el tercer mercado regional en volumen –tras Brasil y México-, con una política multiactoral y multinivel, aprovechando la trama resiliente y emprendedora de organizaciones comerciales y sin fines de lucro enraizadas en municipios y provincias. 

 

Si bien somos un país presidencialista, la constitución de un esquema de gobierno como Frente, y la necesaria articulación con Provincias y Gobiernos Locales para salir de la Pandemia, marcan la posibilidad de abrir la histórica “mesa chica” en la toma de decisiones, donde la apelación discursiva al empredendorismo, sea superada por la realización de políticas inteligentes. Coordinación de capacidades público-privadas, a través de planes y metas territorializados, orientados a satisfacer necesidades de los usuarios son términos clave que se  comparten en áreas ministeriales de los tres niveles de gestión de Gobierno.

Tras el discurso de una inevitable convergencia con desregulación, el saldo –además de las cuestiones macroeconómicas- ha sido una atomización de iniciativas que el actual gobierno está enhebrando en forma de ramillete. Hacer plenamente operativo el uso del Fondo de Servicio Universal. Destrabar inversiones, desplegar más la Red Federal de Fibra Optica y conectar el 65% de las escuelas públicas que no disponen de piso tecnológico adecuado.
Desde lo legislativo, más que una Ley marco de Comunicaciones Convergentes que correría el peligro cierto de naufragar por “las grietas”, se vislumbra una estrategia de ir tema por tema, resolviendo los nudos problemáticos que todos conocemos.

Para ello, un Plan Nacional de Conectividad resulta clave. Porque ayuda a coordinar y ordenar las agendas. Si queremos un país con estrategia 4.0, es valioso mostrar un ordenamiento que permita resolver los problemas de interconexión y uso compartido de infraestructura. Necesitamos inversiones, claro, pero además que sean eficientes superando las posiciones dominantes de los prestadores incumbentes, que tengan capilaridad para garantizar el acceso a los servicios, y asequibilidad, para que cada persona, cada familia pueda tener su abono, o su acceso en lugares públicos a Internet. Eso es consolidar ciudadanía, derecho a la educación, a las prestaciones sociales y al trabajo. 

Para ello, no es posible gobernar sólo por decreto o resoluciones, ni sacarle fotos a mesas sonrientes o a sucesivas videoconferencias. Retomar un Estado que transparente las reglas de juego, las regulaciones, que implemente buenas prácticas, desde comparadores de precios y servicios actualizados en las web oficiales, hasta la articulación de programas de obra pública también en el tendido de fibra óptica desde los troncales hasta la última milla para llegar con fibra a los comercios y domicilios.  

Arremangarse y articular recursos, esa tarea es la que también se está emprendiendo en la conectividad, para achicar las brechas y las desigualdades.

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(*) Profesor de Políticas de Comunicación UBA. Asesor en la Cámara de Diputados de la Nación.
 

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